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Las delicadas negociaciones de los contratos de petróleo en el extranjero | 
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| Ante la mayor alza de los precios del petróleo registrada en los mercados globales entre 2003 y 2008, varios gobiernos de países productores de petróleo, entre ellos Argelia, Bolivia, China, Ecuador, Rusia y Venezuela, no sólo aumentaron la tributación sobre la producción petrolera, sino también confiscaron los activos locales de las empresas de petróleo independientes que tenían contratos de operaciones en su territorio. El entender el trasfondo de estas acciones es vital para los inversores extranjeros y gestores de políticas públicas, pues ya son repetidos los casos en los que ocurren violaciones de contratos o confiscaciones de los activos de empresas extranjeras, tal como fue con la toma del control de las operaciones de Repsol por parte de Argentina, o las amenazas del gobierno de Azerbaiyán con tomar medidas severas contra BP y sus socios ExxonMobil, Statoil y Chevron por no cumplir con ciertas metas de producción de petróleo.
Los contratos de extracción de petróleo consisten en un conjunto de reglas fiscales complejas que especifican cuánto pagará la compañía de petróleo al Gobierno en tarifas, royalties y otros tipos de remuneraciones con cada cambio en el nivel de los precios. Según expertos en esta temática, los contratos que proporcionan un flujo invariable y estable de ingresos para los gobiernos anfitriones son los que más posibilidades tienen de expropiación. Los gobiernos locales, por su parte, consideran un contrato ideal aquel que prevea el cobro de un impuesto independientemente de la fluctuación del precio del petróleo. De esta forma, el gobierno queda menos expuesto a las enormes oscilaciones de ingresos vinculados a la volatilidad de los precios.
No obstante, estos contratos “invariables” también resultan beneficiosos para los inversores extranjeros, siempre que no haya una expropiación de los activos de las empresas extranjeras. Cuando los retornos sobre las inversiones son demasiados altos, los gobiernos locales llegan a pensar que las compañías extranjeras se están lucrando de forma excesiva sin invertir en el país. Lo ideal sería que se elaborara un contrato que permitiera al gobierno anfitrión beneficiarse lo suficiente de las altas ganancias obtenidas para que no se viera tentado a expropiar. Las empresas extranjeras, por su parte, seguirían recibiendo dividendos elevados si hay un aumento en los precios del petróleo y, a la vez, pagarían al país ingresos fiscales sustanciales incluso ante una caída de precios.
Con esto en mente, los gobiernos locales entenderían que, a largo plazo, no valdría la pena expropiar una empresa. De todas formas, para evitar que un país se apropie de sus activos, las empresas deberían intentar que las ganancias a corto plazo procedentes de una expropiación no sean demasiado elevadas en relación a los numerosos costes derivados de ella. No obstante, en el fondo, las expropiaciones, en vez de favorecer a los países anfitriones, más bien dañan su reputación y alejan a la inversión extranjera, que se refugiará en países más estables, dotados de mejores instituciones. Cuanto mayor es la posibilidad de expropiación, más difícil es conseguir la aprobación de un contrato que proporcione ingresos fiscales sustanciales incluso cuando los precios del petróleo estén bajos.
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Este es el resumen del artículo "Las delicadas negociaciones de los contratos de petróleo en el extranjero" publicado en Diciembre 11, 2012 en la revista Knowledge @ Wharton.
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