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Presión por todos lados | 
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| El Gobierno argentino debe hacer frente, en este año electoral, a un gran reto: el aumento de los salarios por sector, lo que puede traer consigo no sólo un incremento en la tasa inflacionaria, sino también un despertar del descontento popular. Tras las negociaciones salariales entre trabajadores y empresarios, el Gobierno pretende que estos aumentos no superen el 20%, ya que las elecciones parlamentarias están próximas a realizarse este año y la inflación sería un punto en contra. Para evitar este aumento en la tasa inflacionaria, las autoridades decretaron el congelamiento temporal en los precios de algunos productos en los supermercados. Por una parte, hay muchos que apoyan esta medida del gobierno, pues consideran que el alza de los salarios no se convertirá en una señal inflacionaria para 2013, sino que más bien evitará que se potencie la misma y termine perjudicando a los beneficiarios.
Por el contrario, hay un amplio grupo de economistas opositores que afirma que, con la imposición de un techo del 20% a los incrementos salariales, el Gobierno argentino ignora, parcialmente, lo que está sucediendo con la subida de los precios en el consumo interno y posiblemente descarte tomar cualquier medida antiinflacionaria seria hasta después de las elecciones. Sin embargo, esta política no es una novedad, pues ya se adoptó el año pasado, cuando se pidió un 18% de tope para los aumentos salariales, lo que disparó la inflación cerca del 25% (según cifras no oficiales) y aprox. un 11% (según el organismo público de estadística argentino INDEC).
Desde el punto de vista económico, el aumento de los salarios debe ser analizado desde una perspectiva más amplia. La idea es analizarlo como una política económica nacional que apunte a controlar las alzas en los precios sin la necesidad de hacer ajustes forzados.
El Gobierno, por su parte, afirma que estos techos quitan presión a los precios a la vez que permiten 1) un crecimiento económico, 2) una mejora de la distribución del ingreso, 3) un incremento en la participación de salario en el ingreso total. Sin embargo, otros cuestionan que la puja redistributiva no se dará entre empresarios y trabajadores, sino entre los propios beneficiarios de las transferencias del gobierno y el resto de los trabajadores y empresarios de la economía.
Ante esta disparidad y la falta de credibilidad de las estadísticas de la inflación, el FMI aplicó una sanción de censura a Argentina, a la que el Gobierno respondió anunciando un nuevo IPC nacional y el congelamiento de precios en los supermercados, lo que desató una ola de comentarios negativos en los medios opositores sobre un supuesto control de precios que traería consigo un desabastecimiento de productos básicos. Según los expertos, el Gobierno argentino, al no tener la capacidad de fiscalizar los precios de todos los productos, fijan los de algunos bienes y no los de otros. De allí que los productos de precio pautado tienden a desaparecer y a ser reemplazados por similares de precios más altos.
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Este es el resumen del artículo "Presión por todos lados" publicado en Marzo 2013 en la revista América Economía.
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