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Ola de protestas en Brasil, una llamada de atención para empresas y Gobierno | 
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| Mientras Brasil vencía a España por un contundente 3 a 0 en la final de la Copa Confederaciones de fútbol en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, en los alrededores del recinto miles de manifestantes libraban su particular batalla con las fuerzas del orden. Esta era la última de una serie de protestas que desde el 10 de junio, y coincidiendo con el torneo organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, ha llevado la población a la calle para exigir mejores servicios públicos y quejarse del elevado gasto público que están requiriendo las citas deportivas albergadas por el país: la reciente Copa Confederaciones, el Mundial de Futbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016.
Anita Kon, profesora de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo (PUCSP), explica que las manifestaciones fueron iniciadas por un grupo de personas en Sao Paulo descontentas con el aumento de la tarifa de autobuses de R$ 3,00 a R$ 3,20 y, una vez encendida la mecha, el fuego se extendió por todo el país, “a pesar de que las reivindicaciones de los primeros manifestantes fueron atendidas y el precio de los boletos finalmente no se incrementara”, señala. Por tanto, en su opinión, las manifestaciones callejeras que tuvieron lugar después de ese hecho puntual son “producto de cuestiones estructurales, y no coyunturales, que no están siendo resueltas por el Gobierno y las instituciones públicas”.
Según Kon, el descontento involucra a todas las clases sociales brasileñas, “que están desde hace mucho tiempo insatisfechas con el comportamiento de los políticos de todos los partidos y esferas de Gobierno: federal, provincial y municipal”. Esto se debe a que los diversos problemas que afectan a los servicios públicos del país en áreas como salud, educación, seguridad, transportes y en especial la falta de contundencia contra los casos de corrupción política no han sido debidamente atendidos, a pesar de que las reivindicaciones de la población han sido ampliamente difundidas a través de la prensa o de expertos en la materia. En su opinión, el principal problema ha sido siempre que “los gastos públicos se adjudican atendiendo sobre todo a fines electorales –debido a que cada dos años existen elecciones de algún tipo–, así que las inversiones se postergan”.
La cuestión es cómo afectarán todas estas protestas a la situación económica del país, que ha tenido preocupados a los inversores por el deterioro macroeconómico desde finales del año pasado y el lento crecimiento del país de tan solo el 2,7% en 2011 y el 0,9% en 2012, frente al 7,5% en 2010, según datos del Banco Central de Brasil. Los economistas prevén un crecimiento del 2,4% este año y han elevado la proyección de la inflación de 5,82% a 5,86% en 2013. Felipe Monteiro, profesor de Estrategia en INSEAD, indica que los inversores ya habían levantado el pie del acelerador esperando a ver cómo evolucionaban las cosas y él cree que seguirán con la misma actitud de espera hasta que pase la agitación en la calle.
En su opinión, la ola de manifestaciones puede tener como resultado dos posibles escenarios a largo plazo. El primero y menos probable es que la situación siga deteriorándose y haya más protestas. El más probable, y que en su opinión sería una buena demostración del estado actual de la democracia brasileña, es que el sistema busque soluciones dentro del propio sistema. “Eso ya está pasando: en lugar de ofrecer confrontación, el Gobierno ha empezado a tratar los temas dentro del propio sistema [con la reforma política, etc.]. Si esto ocurre, y se consigue encontrar soluciones, sin provocar una crisis, la gente, los inversores que estaban en stand by van a volver a confiar en el país. La intención de largo plazo es que la inversión continúe”. De hecho, él señala que Brasil fue uno de los países que recibieron mayores flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2012, pasando del quinto lugar en 2011 al cuarto lugar ese año, con un volumen total de US$ 65 mil millones, según el reciente informe World Investment Report 2013.
A partir de ahí, Kon cree que los proyectos e inversiones en servicios públicos, en lugar de verse perjudicados, se verán acelerados, de acuerdo con la reivindicación general de la población. Monteiro coincide con este punto de vista y añade que las empresas involucradas en proyectos no prioritarios, como el tren de alta velocidad Río-Sao Paulo, lo tendrán más difícil para conseguir que se apruebe una inversión tan alta cuando hay tantas cosas básicas en el tintero. “Contra más presión popular haya, más difícil será aprobar un proyecto de estas características, importante pero a lo mejor no el más importante en estos momentos; va a pasar a un segundo plano. En general, los temas no prioritarios se verán postergados”, dice.
Por otro lado, se demandará cada vez más transparencia por parte de las empresas para conocer qué están ganando los ciudadanos de a pie con este tipo de inversiones. Si yo fuera un inversor extranjero, añade Monteiro, “estaría muy enfocado en encontrar maneras de demostrar cómo la gente local va a beneficiarse de los proyectos en que he invertido”. Además, Kon cree que las empresas extranjeras tendrán que mostrar al pueblo brasileño que entienden y son solidarias con las manifestaciones populares que están teniendo lugar, “y que están interesadas en traer al país la ayuda necesaria [incluyendo recursos humanos] para complementar la falta de ahorro que permita acelerar la mejora de los servicios públicos y también contribuir con nuevas tecnologías de gestión que hagan más eficientes y rápidos los resultados”.
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Este es el resumen del artículo "Ola de protestas en Brasil, una llamada de atención para empresas y Gobierno" publicado en Julio 23, 2013 en la revista Knowledge @ Wharton.
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