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No viene al caso | 
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| Luego de que Nicolás Maduro ganara las elecciones presidenciales en Venezuela con un escaso margen, su principal contendiente, Henrique Capriles, inmediatamente impugnó los resultados. Dos meses después, el Gobierno sigue luchando para demostrar su legitimidad, a nivel nacional e internacional. El último intento fue a mediados de junio por parte de la presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena. Ella afirmó que una laboriosa auditoria de los resultados producidos por las máquinas electrónicas de votación contra las papeletas que corresponden a cada voto había confirmado que de hecho el Sr. Maduro había resultado ganador por 1,49 puntos porcentuales.
El Sr. Capriles llamó la auditoria una “farsa”. El CNE rechazó una acusación que nadie ha hecho: que las máquinas fallaron en contabilizar los votos apropiadamente. La oposición desafió los resultados ante la Tribunal Supremo de Justicia con diferentes bases. Ésta dijo que la violencia en las mesas electorales, la coerción, los votos múltiples y la votación por parte de personas ya fallecidas fueron en tal medida que afectaron los resultados.
Evaluar tales afirmaciones significaría verificar los cuadernos electorales de cada máquina de votación, en los cuales los votantes colocaron sus firmas y huellas digitales contra sus nombres y números de sus documentos de identidad, así como los resultados provenientes del sistema de “captahuellas” (conocido como SAI) que tenían como objetivo no permitirle a las personas que votaran más de una vez. El CNE ha rehusado suministrar la información proveniente de los cuadernos electorales (afirmando que esto sería ilegal); tampoco ha hecho mención de cuando estaría disponible la información del SAI. El Sr. Capriles dijo a comienzos de agosto que impugnaría los resultados electorales ante instancias internacionales.
La raíz del problema es la falta de instituciones independientes en Venezuela. Cuatro de los cinco rectores que conforman el CNE son simpatizantes del Gobierno. Las funciones en sus cargos de tres de ellos, incluyendo a la Sra. Lucena, y de siete magistrados del Tribunal Supremo de Justicia han vencido. Pero el Gobierno no muestra una inclinación en llegar a un acuerdo con la oposición con respecto a sus reemplazos. Los vecinos de Venezuela, encabezados por Brasil, han reconocido la victoria del Sr. Maduro, pero le han urgido que busque un consenso con la oposición. Una reforma del CNE sería un buen lugar para comenzar.
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Este es el resumen del artículo "No viene al caso" publicado en Junio 15, 2013 en la revista The Economist.
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