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Las protestas reciben respuesta | 
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| La marea de demostraciones callejeras que se elevó en Brasil, a partir de una pequeña protesta sobre los precios de los ómnibus en Sao Paulo, parece haber bajado. Su punto más alto fue el 20 de junio, cuando más de 1 millón de personas protestaron contra los pobres servicios públicos, la corrupción, el costo de la vida, los altos costos de la Copa Mundial y mucho más y continúan demostraciones más pequeñas. Pero la mayor atención se enfoca en la respuesta de los políticos al enorme y repentino desborde de frustración pública. Tras reunirse con los líderes de las protestas, los alcaldes y gobernadores, la presidenta Dilma Rousseff, ofreció un “pacto nacional” de cinco puntos que incluía como pieza central la proposición una asamblea constituyente, que según parece, fue lanzada sin previa consulta y fue rápidamente retirada. En su lugar, se hablaba de un referendo en agosto con proposiciones de reformas políticas que se necesitan urgentemente, y que el Congreso convertiría en leyes.
Rousseff prometió incentivar a los médicos para que vayan a las áreas más pobres, expandir un programa que cancele las deudas fiscales de los hospitales que atiendan más pacientes, y aumentar el número de graduados de medicina (mientras, importará médicos extranjeros para cubrir la demanda). Otras propuestas son nuevas versiones que tomaría tiempo implementar. No hay una solución rápida y la presidenta no muestra intenciones de recortar la hinchazón del gobierno que permitiría pagar por mejores servicios. Ante el enfado de la gente, el Congreso prometió no entrar en receso hasta debatir los planes de Rousseff y el 25 de junio votó abrumadoramente por rechazar una enmienda constitucional que hubiera restringido los poderes de los fiscales para investigar a los políticos, y que fue un foco de indignación de los manifestantes. También aprobó un proyecto de ley, rechazado el año pasado, para destinar tres cuartos de las regalías de los nuevos campos de petróleo a la educación y el resto a la salud.
Mucha de la ira se ha enfocado en la Copa de la Confederación, un torneo de calentamiento para la Copa Mundial del próximo año, que le está costando a Brasil 28.1 mil millones de reales, según el gobierno (solo para los estadios se estimaron US$ 1.1 mil millones, y ya ha gastado más de US$ 3 mil millones). Rousseff argumentó que los préstamos del gobierno para estadios serán pagados totalmente y no vienen del presupuesto ordinario, sino que son subsidiados por el Banco de Desarrollo Nacional a las compañías de construcción, grandes financistas de los partidos políticos. Los fanáticos del fútbol no están contra la Copa, pero están enfadados porque el prometido “legado” de la competencia está en duda. Los aeropuertos son atrasados, y al menos 5 de las 12 ciudades anfitrionas no construirán las prometidas terminales de ómnibus, metros o monorraíles antes del inicio.
Aún no está claro quién podría beneficiarse del conflicto. En una encuesta, los manifestantes nombraron como posibles candidatos presidenciales a dos personas fuera de la política (Joaquim Barbosa, quien hace campaña en pro de la justicia y la anticorrupción, con 30%, y Marina Silva, la anterior candidata presidencial Verde, con 22%). Pero Barbosa no parece querer participar en las elecciones del próximo año y Silva está luchando por organizar un partido político coherente. Una posibilidad sería Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de 2003-10 y mentor de Rousseff, que ha dicho que volverá si los electores lo reclaman. Esto podría suceder si Rousseff no puede sofocar la crisis. Lula saborearía el rol de salvador nacional, pero muchas de las quejas de los manifestantes son problemas que él, como presidente, hizo poco por resolver.
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Este es el resumen del artículo "Las protestas reciben respuesta" publicado en Junio 29, 2013 en la revista The Economist.
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