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México: La apertura de uno de los sectores energéticos



Revista: Knowledge @ Wharton
Tema: Negocios en México
Fecha: Noviembre 12, 2013
Durante más de una década, los mexicanos observaron atentos cómo en otros países de la región ricos en recursos energéticos, como Colombia y Brasil, los niveles de producción de petróleo se incrementaban de forma drástica mientras los de México se estancaban. La producción de petróleo en el país llegó a su punto máximo en 2004, con un total de 3,38 millones de barriles, pero ha estado cayendo desde entonces y la previsión es que llegue a 2.538 millones en 2013, según el Departamento de Energía de EUA. Se trata precisamente del mismo nivel a que llegó la producción mexicana en 1990, o 2.548 barriles.

La producción de Colombia, por su parte, se duplicó: pasó de 440.000 barriles, en 1990, a 900.000 barriles en 2013. La producción de Brasil se triplicó, pasando de 631.000 barriles (1990) a 2.107 millones de barriles (2013). Todo eso sucede en una época en que la población de México ha crecido de forma continua, pasó de 81 millones, en 1990, a 112 millones en 2013, aumentando aún más la demanda de energía por parte de la creciente clase media del país. ¿Qué salió mal? Los críticos en general culpan a Petróleos Mexicanos (Pemex), monopolio estatal de petróleo y gas. Siendo la segunda mayor empresa latinoamericana en ingresos, sólo por detrás de la brasileña Petrobrás (desde 2009), Pemex adquirió estatus de monopolio constitucional después de ser nacionalizada por el Gobierno mexicano en 1938.

Reliquia de una era pasada del nacionalismo mexicano exacerbado, Pemex tiene ingresos de US$ 128.600 millones (en 2012), cerca de 138.000 empleados (2011) y un total de activos de US$ 26.100 millones (2012), pero aun así continúa dando pérdidas. La decadencia financiera de la empresa es crítica porque México gasta más del 60% de sus ingresos en royalties e impuestos, siendo responsable de cerca de un 30% de los ingresos fiscales del Gobierno, según datos de la OCDE (2012). Actualmente, Pemex paga hasta cuatro veces más, aproximadamente, en impuestos de lo que gasta en inversiones, según datos de la empresa de servicios de consultoría Análisis de Riesgo Político en Mercados Emergentes (ARPME) de Ciudad de México.

Setenta y cinco años después de la nacionalización de Pemex, las cosas están a punto de cambiar, tal vez no de forma tan drástica como los titulares de prensa parecen indicar. En agosto de 2013, el recién inaugurado presidente Enrique Peña Nieto divulgó las líneas generales de una reforma del sector energético que, entre otras cosas, haría cambios en la constitución mexicana, permitiendo los primeros acuerdos de reparto de beneficios entre Pemex y el sector privado. Además, los cambios fiscales reducirían la dependencia del Gobierno de los ingresos de Pemex, permitiendo que la empresa reinvierta esos fondos en el aumento de la productividad y de la rentabilidad.

Al divulgar las reformas, el nuevo presidente insistió en que la propuesta respetaba, palabra por palabra, los principios delineados en 1938 por el fallecido presidente Lázaro Cárdenas, cuando nacionalizó la compañía de petróleo. Peña Nieto dijo que Pemex continuaría perteneciendo a México y que las empresas privadas podrían explorar lugares específicos mediante contrato, pero no serían dueñas ni de los campos, ni de las extracciones hechas. El PRD, Partido de la Revolución Democrática, de tendencia izquierdista, se opone a cambios en la constitución que permitirían la participación del sector privado a través de contratos o concesiones, mientras que el conservador PAN (que gobernó el país entre 2000 y 2012, y tuvo presidentes como Vicente Fox y Felipe Calderón), defiende el cambio de la constitución para permitir la mayor participación del sector privado a través de concesiones y pago de royalties.

El presidente Peña Nieto, del PRI, partido del Gobierno, propuso dar a las empresas una parte de los ingresos resultantes de los contratos firmados con Pemex, en vez de la producción generada por tales iniciativas. Los tres partidos políticos concuerdan en que Pemex debe tener autonomía fiscal, de manera que pueda reinvertir sus ingresos de manera productiva. Para los mexicanos, el cambio significará que el Estado continuará siendo dueño del petróleo, pero que el Gobierno mexicano dará el derecho de explotación a empresas privadas y, a continuación, recibirá una parte de los beneficios generados. Muchos otros países, sin embargo, trabajan con el sistema de joint venture, que usa una estrategia de reparto de la producción en que las empresas privadas pueden hacer negocios con la estatal y quedarse parte del petróleo que producen para ella. En el modelo de reparto de beneficio, el petróleo producido por una empresa extranjera es entregado al Gobierno, que lo vende.

El modelo de reparto de producción dará a las compañías extranjeras una ventaja financiera fundamental porque ese modelo generalmente permite a las empresas “contabilizar sus reservas”. Por lo tanto, si una empresa extranjera tiene un 40% de participación en un bloque de terreno en que haya reservas de 100 millones de barriles, esa empresa podrá "contabilizar" 40 millones de barriles en reservas en su balance patrimonial. Esa es la forma comúnmente usada por las empresas de petróleo y gas de EUA y de Canadá para aumentar el valor de la compañía. Se trata de reservas con enorme poder de apalancamiento.

Desafortunadamente, no parece que el modelo de reparto de producción tenga posibilidades en México porque el Gobierno mexicano quiere preservar el control de la comercialización del petróleo por razones políticas. Él quiere probar al público del país que el Gobierno no está perdiendo el control sobre el petróleo. Por lo tanto, por razones políticas, la empresa privada pasará al Gobierno el petróleo, que lo venderá. Las empresas están perfectamente enteradas del veto sobre el reparto de la producción. Ellas dicen que "preferirían trabajar con el modelo de reparto de beneficio si las demás condiciones fueran debidamente observadas, una de ellas sería la posibilidad de contabilizar las reservas. Ante la imposibilidad de hacerlo, mejor no participar. Eso tiene un impacto directo sobre la solvencia de la empresa".




Este es el resumen del artículo "México: La apertura de uno de los sectores energéticos " publicado en Noviembre 12, 2013 en la revista Knowledge @ Wharton.

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