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El coste económico de la delincuencia en Latinoamérica |
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| El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha difundido recientemente un informe sobre la inseguridad en América Latina que contiene cifras nuevas e interesantes sobre la materia. El estudio, titulado Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, ha contabilizado el coste económico de la violencia en los 18 países que analizó. Y las cifras que ofrece al respecto son muy llamativas. Asegura que la delincuencia provocó la pérdida del 10,5% del Producto Interior Bruto (PIB) de Honduras, el 8,7% en Paraguay y el 3,3% en Chile. En este último caso, ese porcentaje se traduce en un coste en cifras absolutas de 6.520 millones de dólares (4.810 millones de euros).
Desde un punto de vista más práctico y directo, las consecuencias de la criminalidad son, según el estudio, que una de cada tres personas ha cambiado el lugar donde hace las compras o donde sale para divertirse. El informe pone de manifiesto que, de los ciudadanos encuestados que han sido víctimas de un delito, hasta un 65% ha dejado de salir por la noche. Incluso, un 13% reportó haber sentido la necesidad de cambiar su residencia por temor a ser víctima del delito. Lo más grave es que la violencia se ha cobrado la vida de un millón de latinoamericanos en la última década. De hecho, la tasa de homicidios supera las 10 víctimas por cada 100.000 habitantes que la Organización Mundial de la Salud considera el límite por encima del cual el asesinato pasa a ser una epidemia.
Todo tipo de violencia acarrea altos costes económicos y sociales porque frena el desarrollo. En el plano microeconómico, reduce la formación de capital humano porque induce a algunos individuos a desarrollar habilidades criminales, en vez de educativas; también disuade a algunas personas a estudiar de noche por miedo al crimen violento. En el plano macroeconómico, ésta reduce la inversión extranjera y la nacional; también puede reducir el ahorro nacional si la gente tiene menos confianza en las posibilidades de crecimiento futuro del país.
Por otra parte, el control de la violencia requiere del uso de cuantiosos recursos, incluyendo gastos en los sistemas policiales, judiciales y la provisión de servicios sociales, que podrían ser usados para otros propósitos. Los costes de la violencia generalmente se dividen en costes directos, que son consecuencia directa de los actos de violencia o intentos de prevenirla, y los costes indirectos, que incluyen el dolor y el sufrimiento, la pérdida de la productividad, y de la calidad de vida.
Los costes directos incluyen el valor de los bienes y servicios utilizados en la prevención de la violencia, el tratamiento a sus víctimas y la captura y castigo a sus perpetradores. Todo esto supone unos gastos para el sistema policial y judicial: costes de prisión y detención, así como costes de enjuiciamiento y otros costes de los juzgados; gastos en tratamientos médicos: atención en salas de emergencia, hospitalización, atención en clínicas o en las consultas médicas, asistencia dental y el coste de tratamientos para enfermedades de transmisión sexual; así como costes en terapia psicológica para víctimas y gastos en servicios sociales relacionados con la delincuencia: programas de capacitación laboral para delincuentes, funcionarios encargados de los reos que están bajo libertad condicional, programas de educación sobre violencia doméstica, entre otros.
Una vez localizado el problema, el PNUD aporta algunas ideas para tratar de solucionarlo. En su mencionado informe sobre la seguridad ciudadana en Latinoamérica, este organismo propone un plan de diez puntos. Entre ellos, los más destacados son tratar de alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, incluyendo un acuerdo nacional por la seguridad ciudadana como política de Estado; generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito; prevenir la delincuencia y la violencia impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad; disminuir la impunidad fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia con apego a los derechos humanos; y potenciar la participación activa de la sociedad, especialmente las comunidades locales, en la construcción de la seguridad ciudadana. Adicionalmente, el PNUD aseguró que el rol del Estado es insustituible en esta materia.
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Este es el resumen del artículo "El coste económico de la delincuencia en Latinoamérica" publicado en Diciembre 2013 en la revista Knowledge @ Wharton.
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