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El crowdfunding español en el contexto europeo: ¿frenará la legislación esta actividad incipiente? | 
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| Hoy en día existen cada vez más proyectos de cooperación colectiva llevada a cabo por personas que, a través de plataformas web, publicitan sus iniciativas empresariales, culturales o sociales con el objetivo de conseguir financiación u otros recursos de personas interesadas en sus proyectos. A través del llamado crowdfunding se recaudaron 30 millones de euros (unos US$41 millones) en 2013 en España, una gota en el océano si se compara con los 3.696 millones de euros que movió el sector a nivel mundial ese año, el doble que el ejercicio anterior. Según proyecciones de la industria, este tipo de financiación ha crecido un 1.000% en los últimos cinco años y ha proporcionado unos 7.300 millones de euros a startups y pequeñas empresas en todo el mundo.
En concreto, el sector ha movido en Europa 735 millones de euros en 2012, un 65% más que en 2011, y la predicción es que alcanzará los 1.000 millones de euros en 2013, según la consultora del sector Massolution. Según señala una comunicación de la Comisión Europea sobre el crowdfunding en la Unión Europea del 27 de marzo, estas cifras son promisorias si se comparan con la financiación proporcionada por inversores ángeles (660 millones de euros en 2010) o capitalistas de riesgo en las fases inicial, puesta en marcha y crecimiento (7.000 millones en 2012), aunque sigue siendo modesta en comparación con los préstamos de la banca comercial a instituciones no financieras (6.000 billones en 2012).
No es de extrañar, por lo tanto, que la expansión de la actividad haya disparado el debate en torno a su regulación en Europa y todo el mundo. La propia Comisión Europea está vigilando estrechamente el sector y la citada comunicación señala que, a pesar de las oportunidades que ofrece –para muchos la única forma de acceder a la financiación y la única posibilidad de convertirse en emprendedores a pequeña escala– y de los riesgos que también supone, este año no pretende introducir medidas legislativas específicas para regular el sector. Entre los riesgos que destaca la institución europea están que “la publicidad y los consejos de los promotores de los proyectos o las plataformas sean engañosos, que el dinero recaudado no se utilice para los objetivos declarados, que la inversión no sea rentable o se pierda el capital invertido como consecuencia del fracaso del proyecto, así como la incertidumbre generada por las diferentes leyes nacionales”.
Dado que todavía no existe una directiva europea, algunos países se han lanzado a legislar por su cuenta. España ha sido uno de los últimos en hacerlo a través del anteproyecto de ley de financiación empresarial y se suma así a la regulación de la actividad impulsada en Reino Unido, Italia, Francia o Alemania. Sin embargo, el anteproyecto ha generado mucha controversia. En principio, el sector español ha aplaudido el interés por ordenar esta actividad en cuanto a las exigencias de claridad y transparencia, como son la inscripción de las plataformas en el Banco de España o en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como requisito previo a la entrada en funcionamiento, pero ha puesto el grito en el cielo por las condiciones que pretende imponer a las modalidades de equity y lending, en las que el inversor busca una compensación monetaria.
El anteproyecto establece una inversión máxima de 3.000 euros anuales por proyecto, 6.000 por plataforma y las colectas no podrán superar el millón de euros. Además, plantea que las plataformas no puedan cobrar comisiones en base a lo que se recaude para un proyecto, tampoco publicitar las campañas fuera de su página web y prohíbe que lleven a cabo actividades que corresponden a las empresas de servicios de inversión o entidades de crédito. Las reacciones no se han hecho esperar. Representantes de The Crowd Angel, la plataforma líder en España de equity crowdfunding, criticaron la legislación en declaraciones al diario económico Expansión porque las cantidades se sitúan "muy por debajo de la media que estamos observando en las operaciones de este tipo tanto en España como en otros mercados donde esta actividad está mucho más desarrollada”. Su CEO, Ramón Saltor, dijo que actualmente “no hay suficientes inversores como para cubrir una operación valorada en 200.000 euros con tickets de 3.000 euros”. La plataforma anunció la suspensión temporal de las nuevas operaciones de inversión hasta que se aclare cómo quedará diseñada finalmente la ley.
En estos momentos se ha abierto un periodo de alegaciones y es muy probable que el borrador de ley se revise y adecue a las necesidades que tiene el sector en España. Manuel Romera, director del Sector Financiero de IE Business School, está convencido de ello: “El Gobierno tomará en consideración las recomendaciones del sector y dará un poquito marcha atrás”. Esto significa un rayo de esperanza para los 7.500 trabajos vinculados a la industria que se crearon en 2012 en España, según datos del informe “Micro Financiación Colectiva (Crowd-funding): un nuevo instrumento económico para el crecimiento económico y el empleo”, elaborado por dos profesores de la Universidad Pompeu Fabra.
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Este es el resumen del artículo "El crowdfunding español en el contexto europeo: ¿frenará la legislación esta actividad incipiente?" publicado en Abril 29, 2014 en la revista Knowledge @ Wharton.
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