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Al borde | 
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| El 24 de febrero, por el sur y el este de Caracas (al igual que en otras grandes ciudades de Venezuela) el tráfico era detenido por barricadas hechas con troncos, bloques de hormigón, neumáticos quemados y basura humeante. En algunas zonas, los manifestantes untaban la superficie de la calle con aceite o esparcían pinchos para mantener las fuerzas del gobierno a distancia. Con impresionante coordinación, los radicales de la oposición enviaban un mensaje al presidente Nicolás Maduro: "golpes, balas y gases lacrimógenos no nos detendrán". Las protestas, que comenzaron a causa de la ira por la violencia criminal, la inflación y la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos, son alimentadas con el duro trato a los manifestantes por parte de las autoridades: muertes en los enfrentamientos, denuncias por torturas y abusos a los detenidos, y decenas de vídeos caseros que muestran un uso excesivo de la fuerza en las calles.
Los líderes moderados de la alianza opositora Unidad Democrática (MUD) luchan por controlar a los radicales (cuyo mascarón de proa, Leopoldo López estaba bajo custodia desde el 18 de febrero) advirtiendo que atrincherarse en las propias urbanizaciones solo favorecía al gobierno, pero las advertencias cayeron en oídos sordos. Hay signos de fractura dentro de las filas del gobierno, también. La línea oficial del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha sido que la oposición está tratando de montar un "golpe fascista" y una "comisión de la verdad" ha sido propuesta para investigar "la violencia promovida por grupos de extrema derecha". El 24 de febrero, José Gregorio Vielma Mora, miembro del PSUV y gobernador del estado Táchira, reconoció los abusos y dijo que la crisis económica estaba detrás de las protestas. Aunque más tarde se retractó de estos comentarios, sus palabras fueron la primera evidencia pública de las tensiones dentro del régimen.
Mientras, los problemas económicos del país empeoran. En un esfuerzo por mitigar el impacto de las protestas, Maduro decretó que el fin de semana de Carnaval (coincidente con el llamado "Caracazo" de 1989, cuando las dificultades económicas condujeron a días de saqueo y una masacre perpetrada por el ejército) comenzaría el 27 de febrero, dos días antes de lo previsto. Con muchas oficinas y tiendas ya cerradas a causa de las protestas, las largas vacaciones exacerbaron la escasez generalizada. Las compras en la ciudad en esos días consistían en llamar a las puertas de tiendas cerradas, por el miedo a la violencia y los saqueos. El gobierno central reaccionó a la crisis en Táchira con el envío de tropas del ejército y el uso de aviones de guerra de Rusia incorporados Sukhoi para dispersar a los manifestantes.
Con las reservas de dólares limitadas para comprar los alimentos importados, y con más de US$ 10 mil millones en deuda a los proveedores extranjeros, el gobierno maniobró nuevamente con su complejo sistema de tipo de cambio. Las empresas y los particulares podrán ahora comprar y vender dólares a través de intermediarios, usando ya sea efectivo o bonos del gobierno. Esto debería aliviar la escasez de dólares, pero también es probable que al subir la inflación con un bolívar devaluado, se incremente el costo de las importaciones. Dificultades económicas extremas están a la vuelta de la esquina, en Venezuela, y con ella la posibilidad de que la ira contra el régimen se extienda.
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Este es el resumen del artículo "Al borde" publicado en Marzo 2014 en la revista The Economist.
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