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Las cortes contra la selva | 
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| Se podría decir que Ecuador es el país de mayor biodiversidad en el mundo. Sus bosques resguardan cantidad de especies de plantas y animales, algunas de ellas únicas en el mundo. Pero este país también está perdiendo sus árboles más rápido que cualquier otra nación. El 28 de octubre, el Tribunal Constitucional del país bajo las presiones de empresas madereras y sus aliados en el Congreso, no dio paso a un innovador y efectivo esquema para regular la tala. De acuerdo con las cifras oficiales, cada año se talan 150.000 hectáreas de bosques (las no oficiales duplican esta cantidad). Esto significa que se ha perdido la mitad de los bosques en las pasadas tres décadas, mucho de ello a causa de la tala ilegal.
El control ambiental no es precisamente una de las prioridades del gobierno, por lo que dicha actividad se delegó al BID y al gobierno alemán (en las figuras del sector privado y algunos grupos civiles). La primera etapa del proyecto se enfocó en la creación de un cuerpo llamado Green Surveillance, formado por cinco organizaciones no gubernamentales, la policía, la armada y el ministro del Ambiente cuya función básica sería vigilar el transporte de la madera ilegal. Como resultado, se logró decomisar seis veces más cargas que cuando el ministerio actuaba en solitario.
Esto encolerizó a algunos madereros, pero los problemas reales comenzaron cuando el gobierno contrató a la Société Générale de Surveillance (SGS), una empresa suiza para administrar las licencias de producción de madera. SGS se convirtió en el blanco de violentas protestas sin contar con la protección gubernamental, ni ningún arresto de manifestantes. Los ilegales iniciaron también una ola de demandas legales.
La industria maderera dice estar a favor del control de tala ilegal, pero en la práctica, ha sido el principal opositor del nuevo sistema. Entre sus argumentos destaca que el Estado ha entregado inconstitucionalmente sus funciones a una firma privada. Sin embargo, los ambientalistas opinan que estas empresas compran la mercancía ilegal mediante intermediarios y en muchos casos también han talado los árboles sin permiso.
Los opositores indican que la decisión del Tribunal Constitucional no estaba basada en la jurisprudencia. La magistratura de Ecuador es notoriamente política y corrupta. Sus últimas decisiones obstaculizarán los intentos del Presidente Lucio Gutiérrez de modernizar el gobierno. Los repetidos intentos de abrir la industria petrolera, las telecomunicaciones y la electricidad a la inversión privada no han fructificado en parte por la oposición política, pero también por los miedos de inversionistas que saben que no estarían protegidos por los tribunales de ese país.
Ecuador fue considerado como el segundo país más corrupto en Latinoamérica en el ranking anual publicado el mes pasado por Transparencia Internacional, un grupo de presión. Repetidamente Gutiérrez ha prometido luchar contra la corrupción y eliminarla. Pero tal vez es más fácil decir que hacer.
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Este es el resumen del artículo "Las cortes contra la selva" publicado en Noviembre 1, 2003 en la revista The Economist.
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