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Desenterrándose del hueco | 
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| Hasta hace poco, Colombia era relajada en la aplicación de sus leyes ambientales. Así que llegó a ser un golpe duro para la industria minera del país cuando, durante el mes de enero, el Gobierno le suspendiera las exportaciones de carbón a un puerto operado por Drummond, una empresa minera estadounidense, debido a la contaminación. La suspensión ha sido costosa no solo para Drummond: sus operaciones le generan US$ 66 millones al mes en regalías e impuestos a la tesorería de Colombia.
El ministro de energía y minas, Amylkar Acosta, confirmó durante la segunda semana de marzo que el Gobierno le permitió a la empresa reanudar sus exportaciones a finales de ese mismo mes, cuando ésta completara unas mejoras en las instalaciones portuarias para evitar la contaminación de las playas cercanas. El Gobierno ha estado bajo presión para tomar medidas desde que los ambientalistas fotografiaran un incidente ocurrido el año pasado en el que más de 500 toneladas de carbón fueran vertidas en la Bahía de Santa Marta para evitar que se hundiera una barcaza. Durante el mes de febrero, seis empleados del puerto fueron acusados y se enfrentan a posibles condenas de prisión. Drummond ha sido multado con US$ 3,6 millones y le fue ordenado limpiar el desastre.
El caso es un ejemplo de cómo el Gobierno, luego de haber acogido con beneplácito a las mineras extranjeras, ahora tiene que lidiar con la inquietud pública debido a la contaminación y la forma en que la riqueza minera del país es compartida.
El Ministerio de Medio Ambiente se encuentra buscando nuevos poderes para exigir licencias para la exploración y extracción de minerales. Las empresas mineras se quejan de que el proceso para aprobar proyectos ya es tortuoso de por sí. Ellas dicen que esto y la reciente caída en los precios mundiales de algunos minerales significan que hasta US$ 7,3 mil millones en inversiones se encuentran estancadas. El Sr. Acosta dice que los mineros deben aceptar que además de conseguir sus permisos oficiales, tienen que convencer a las comunidades locales a que acepten su presencia, ganando así una "licencia social" para que puedan operar. "Sin eso, los proyectos son inviables", dice.
A pesar de todos los tropiezos y contratiempos, Colombia está avanzando en cuanto a la explotación de sus reservas minerales. Las inversiones en el sector de la minería alcanzaron US$ 3,6 mil millones en el año 2013, o un 21% más que en 2012. La minería ya representa un 2,3% del PIB y el 7% de las exportaciones, y las empresas extranjeras siguen haciendo fila para explorar nuevas perspectivas. Por los estándares de las economías emergentes ricas en recursos, Colombia es un lugar muy bien administrado, de manera que es muy probable que pueda tener éxito en la elaboración de un régimen de licencias que aligere las preocupaciones públicas sin desalentar las inversiones. Así como en los países más ricos, los proyectos mineros todavía serán bienvenidos, pero no a cualquier precio.
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Este es el resumen del artículo "Desenterrándose del hueco" publicado en en la revista The Economist.
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