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Después de la tormenta | 
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| La tormenta que afectó a los desarrolladores de viviendas en México entre 2008 y 2013 cambió definitivamente a esta industria. Homex, que crecía vertiginosamente hace seis años, dejó de cotizar en la Bolsa Mexicana desde febrero y el 13 de junio se declaró en concurso mercantil, mientras busca afanosamente reestructurar su deuda de más US$2.400 millones. Su competidora, Geo, que llegó a construir 49.000 viviendas al año, también pertenece hoy a sus acreedores. Completa la triada Urbi, que creció exponencialmente durante el gobierno de Vicente Fox, y que entrará a concurso mercantil en los próximos días.
Todo empezó con la política de vivienda de Carlos Salinas de Gortari (1992-1996) que continuaron los gobiernos siguientes. Antes la vivienda social en México correspondía a dos institutos estatales, Infonavit y el Fovissste, responsables de todos los procesos, desde adquirir el suelo hasta generar los créditos. Con Salinas ellos pasaron a ser organismos financieros, los terrenos ejidales se convirtieron en privados y se otorgaron amplias facultades locales para aprobar nuevos fraccionamientos. El gobierno de Fox recibió unas finanzas sanas y la construcción de viviendas se convirtió en un motor económico. Fue entonces cuando Geo, Urbi, Homex, Sadasi y Ara crecieron adquiriendo reservas territoriales alejadas de las áreas urbanas, donde levantaban unidades habitacionales bajo el supuesto de que la expansión urbana llegaría a esos desarrollos.
La tormenta se nutrió de la crisis financiera mundial, del abandono de más de cinco millones de viviendas por propietarios cansados de no tener transporte para ir a sus trabajos, y unas políticas financieras muy agresivas de las desarrolladoras, que derivaron en crecientes flujos de efectivo negativos y en deudas voluminosas. A mediados de 2013, el gobierno aseguró que no iba a establecer ninguna política de rescate para las desarrolladoras en desgracia. La producción de viviendas se contrajo en 2013 entre 8% y 9% por la ausencia casi total de las tres empresas.
El 11 de febrero pasado el gobierno presentó la nueva Política Nacional de Vivienda con nuevas reglas de operación que terminaron de enterrar a las grandes constructoras. Se busca detener la expansión de las urbes y redensificar las ciudades para establecer un modelo sostenible de desarrollo urbano. El Programa Nacional de Desarrollo Urbano prioriza el otorgamiento de subsidios para las construcciones verticales al interior de las ciudades y eleva los montos de los créditos. De inmediato las reservas territoriales de las tres empresas perdieron un 16% de su valor. El sector parece reactivarse desde entonces, pero bajo nuevas reglas y con nuevos actores.
Las pocas empresas de gran tamaño que se sostuvieron en el mercado, y se han visto beneficiadas tras la crisis (en los últimos años han crecido entre 20% y 30%), fueron las que durante la bonanza mantuvieron un manejo financiero mesurado y fueron más cuidadosas en la adquisición de reservas territoriales. Hay un grupo de15 desarrolladores pequeños, medianos y grandes que han venido ocupando el lugar de los gigantes caídos y que aumentó su cuota de mercado al pasar del 48,1% al 61,8% en los últimos dos años, ganando participación gracias a sus modelos de negocio flexibles y a sus posiciones financieras más sanas.
La época de los paisajes de concreto, de casas idénticas, en las periferias de las ciudades, parece haber terminado. Según expertos, dejar la planeación en manos de los desarrolladores inmobiliarios generó un desastre que difícilmente se podrá resolver en los próximos años. No obstante, reconocen que el nuevo Plan Nacional de Vivienda ha empezado a corregir el camino. El nivel de rezago habitacional es de 9,6 de millones de familias. El sector, bajo unas nuevas reglas y nuevos protagonistas, tendrá que retomar muy pronto su dinamismo.
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Este es el resumen del artículo "Después de la tormenta" publicado en en la revista América Economía.
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