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El momento de la verdad |
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| El 22 de agosto, el general Flórez, segundo al mando de las Fuerzas Armadas de Colombia, se sentó con los negociadores de las FARC en La Habana, en uno de los momentos más dramáticos en casi dos años de conversaciones de paz entre del Gobierno y guerrilla. Hasta ahora las dos partes han logrado acuerdos en tres de los cinco temas de su agenda (desarrollo rural, participación futura de las guerrillas en la política y política a seguir hacia el tráfico de drogas). El equipo de negociación del gobierno ya incluye dos generales retirados, pero por primera vez oficiales en servicio activo toman parte en las conversaciones. Su principal propósito: empezar las negociaciones sobre la desmovilización de las FARC y el decomiso de las armas, para que esto ocurra de forma fluida al llegarse a un acuerdo final. Otro objetivo sería ayudar a disipar la desconfianza militar en las conversaciones. Iván Márquez, principal negociador de las guerrillas, dijo que era una oportunidad de hablar de “guerrero a guerrero”. Otros en Colombia se sintieron indignados. El expresidente Álvaro Uribe dijo que era “humillante” para las Fuerzas Armadas, pues las colocaba al mismo nivel de los terroristas.
Unos días antes, el 16 de agosto, 12 víctimas del conflicto hablaron en nombre de los dos equipos de negociadores, marcando el comienzo de las conversaciones sobre el cuarto y más denso tema de la agenda: la justicia transicional, o sea, establecer qué clase de penalidades enfrentarían los guerrilleros por sus crímenes. Constanza Turbay, quien perdió a cuatro parientes cercanos a manos de las FARC hace más de una década, describió la ocasión como “la reunión más trascendental” de su vida. Márquez (que hasta hace unos meses negaba haber cometido crímenes) privadamente le pidió perdón por las muertes, con un arrepentimiento que según ella, venía “del corazón”. Pero para muchos esas disculpas son suficientes. Cuatro docenas de víctimas, algunas de ellas de los paramilitares y de las fuerzas de seguridad, van a viajar a La Habana en las próximas semanas.
Están empezando a ser liberados algunos de los líderes paramilitares que en 2006, bajo el gobierno de Uribe, fueron desmovilizados y recibieron sentencias “alternativas” de hasta ocho años en prisión por revelar la verdad detrás de miles de muertes y desapariciones y compensar a sus víctimas. El Estado está mandando con ello un claro e inequívoco mensaje a las FARC de que mantiene su palabra en relación a la justicia transicional. Muchos colombianos dicen que los líderes de las FARC deberían estar en la cárcel al menos de forma similar, pero ellos no pretenden ser la primera guerrilla que es recompensada con sentencias a prisión por deponer sus armas. La tarea de los negociadores es encontrar una alternativa de castigo lo suficientemente apropiada para que los colombianos dejen a un lado su escepticismo y aprueben el acuerdo general en el referéndum que Santos ha prometido.
En otra nueva iniciativa, el gobierno ha establecido un comité de 14 académicos (la mitad por cada lado) para reportar los orígenes del conflicto y los obstáculos a su final. Las FARC ven una oportunidad de reclamar la reivindicación histórica por lo que ellos reclaman ser una batalla legítima. La mayoría de los colombianos no ve ninguna justificación al asalto violento contra la democracia por parte de la guerrilla. Muchas víctimas solo quieren saber quién mató a sus seres queridos. Santos dice que las conversaciones están en la “última fase” y quiere un acuerdo para finales de año. Las FARC han dicho que durará más. Una larga demora es un riesgo para que se agote la paciencia de los colombianos, pero la última milla podría ser la más ardua.
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Este es el resumen del artículo "El momento de la verdad" publicado en en la revista The Economist.
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