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Justicia confundida | 
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| El juicio del exdictador José Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes contra la humanidad, ha sido a la vez fascinante y exasperante. Su condena y sentencia de cárcel por 80 años en 2013, causó júbilo entre los indígenas mayas que por 30 años han acusado a los soldados bajo su mando de llevar a cabo masacres. Diez días más tarde, la condena fue anulada por tecnicismos legales, mostrando que el sistema judicial de Guatemala seguía dividido entre las mismas fuerzas de izquierda y de derecha que se enfrentaron en la guerra civil de 36 años que terminó en 1996.
El 5 de enero, el enfermo de 88 años de edad, que llevaba gafas oscuras, fue llevado en camilla a la abarrotada sala corte en Ciudad de Guatemala, después de que un juez desestimó los argumentos de sus abogados defensores de que estaba demasiado enfermo para un nuevo juicio, pero este fue finalmente suspendido por dudas de última hora sobre la imparcialidad del juez principal, quien hace una década escribió una tesis de maestría sobre el genocidio. Tal caos ha plagado el proceso seguido contra el señor Ríos Montt desde el principio y pone en duda que el sistema judicial sea lo suficientemente robusto como para hacer justicia en un caso tan trascendental. Su equipo de defensa continúa cuestionando la validez de todo el proceso legal debido a una Ley de Amnistía de 1986 (introducida por otro dictador).
Enemigos del general, respaldados por organizaciones legales internacionales, sostienen que cualquier cosa que no fuera una condena por genocidio sería una farsa. El juez anterior, que condenó al Sr. Ríos Montt en 2013, dijo que el ejército había matado a 1.771 miembros (aproximadamente un 5,5%) de la población de la etnia ixil con su connivencia durante su gobierno de 1982 hasta 1983, el período más sangriento de la guerra civil. Algunos creen que incluso si el general cometió crímenes contra la humanidad, el cargo de genocidio va demasiado lejos. Alegan que las violaciones de los derechos humanos no estaban dirigidas específicamente contra un grupo étnico, sino contra todos los que se percibía que apoyaban a la guerrilla.
El caso ha puesto de manifiesto el grado de interferencia política en el sistema judicial. El fiscal principal del caso se hizo a un lado después de la condena inicial, con la bendición del presidente conservador de Guatemala, Otto Pérez Molina. El nuevo juicio parecía mostrar que las ruedas de la justicia guatemalteca continuarían girando, si bien lentamente y de manera imperfecta. Su polémica suspensión arroja dudas sobre tal esperanzadora expectativa.
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Este es el resumen del artículo "Justicia confundida" publicado en en la revista The Economist.
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