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El congreso brasileño aprovecha la debilidad de Rousseff | 
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| Solo hay una probabilidad del 20% de que el Congreso de Brasil obligue a Dilma Rousseff a renunciar a su cargo, ya que muchos ven motivos legales insuficientes y son más partidarios de explotar a una presidenta débil que tratar de derrocarla. Los intereses en el Congreso divergen sobre el juicio político; hay temor e inseguridad acerca de lo que ello implicaría, mientras los mercados siguen subestimando lo difícil que es destituir a un presidente. De no ser juzgada, la presidenta, de 67 años de edad, probablemente enfrentará nuevas protestas y un descenso en su índice de popularidad en los próximos meses, mientras la economía se contrae y el costo de vida sube. Los analistas esperan que el Producto Interno Bruto se contraiga un 0,8% este año, mientras que los precios saltan en casi un 8%.
Más de 1 millón de personas se manifestaron en todo Brasil el domingo 15 de marzo. Según encuesta realizada a unos 400 asistentes, un 27% citó el enjuiciamiento como la razón principal de su asistencia, y casi la mitad se fue a la calle para protestar contra la corrupción. La puntuación de Rousseff se ha desplomado en 19 puntos porcentuales desde diciembre hasta un 23% actual, pues gran parte de la población cree que ella sabía del esquema de sobornos en la productora petrolera estatal Petróleo Brasileiro SA. Una investigación realizada por el fiscal general está implicando a legisladores y ejecutivos de algunas de las empresas más grandes de Brasil. Aunque los analistas no consideran la acusación como el escenario más probable, creen que la posibilidad va a permanecer en las pantallas de radar de los inversionistas. A su juicio, que Rousseff pueda desinflar la crisis dependerá de su capacidad para gestionar la creciente oposición a los recortes de gastos federales y remendar una relación tensa con su principal socio de la coalición del partido PMDB, varios de cuyos dirigentes son en sí mismos objetivos de la investigación por corrupción.
Rousseff ha dicho estar abierta al diálogo y rechazó retractarse de las medidas para reducir el déficit presupuestario. Los líderes del PMDB, como el presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, han exigido más voz y voto en la toma de decisiones y se quejan por la falta de diálogo con el Ejecutivo, pero descartan que haya motivos para un juicio político. Si la presidenta hizo algo ilegal, responderá por ello tras su segundo mandato, por el momento, tiene inmunidad constitucional. Según la Constitución de Brasil, dos tercios de la Cámara Baja del Congreso deben aprobar un juicio político, con la Corte Suprema llamada a tomar una decisión final en el caso de cargos criminales. Si las acusaciones son por "responsabilidad", el Senado decide.
En caso de que Rousseff fuera removida de su cargo, el vicepresidente Michel Temer, del partido PMDB, asumiría el mandato. Si esto ocurriera antes de finales de 2016, a causa de la financiación ilegal de campañas, por ejemplo, serían llamadas nuevas elecciones. Si ocurriera después, el Congreso nombraría a un nuevo presidente para asumir el resto del período. Rousseff, quien fue presidenta de Petrobras de 2003 a 2010, no ha sido acusada de delito penal y no ha surgido evidencia de que ella lo supiera del esquema o de que estuviera directamente involucrada en él. El fiscal general dijo que el presidente no se hace responsable durante su mandato actual de los actos precedentes a él, y ella niega todas las acusaciones.
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Este es el resumen del artículo "El congreso brasileño aprovecha la debilidad de Rousseff" publicado en en la revista Business Week.
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