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Saque las cuentas | 
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| A pesar de las limitaciones, los esfuerzos del presidente colombiano Alvaro Uribe en materia de seguridad han brindado algunos resultados. Después de meses de trabajo de inteligencia, se dio captura a Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, líder de las FARC, principal grupo rebelde de ese país. La acción ha sido una victoria simbólica para Uribe.
Si el fin de la violencia en Colombia fuera sólo una cuestión de números, el 2003 sería un buen año. Alrededor de 16.000 personas que se sospechaban eran miembros de los grupos guerrilleros se rindieron, fueron capturados o muertos. Eso suma más de la mitad de las tres armadas irregulares existentes. Para Uribe, mantener estos números podría traducirse en erradicar el problema.
La tasa de criminalidad en Colombia cayó en el 2003, aunque permanece alta en función de los estándares internacionales. Por primera vez en los últimos años, cayó también el número de refugiados causados por la violencia. Y de acuerdo al gobierno hubo 2.043 secuestros en el 2003, comparados con 2.986 en el 2002. Las fuerzas de seguridad por su parte entablaron más de 2.300 encuentros con las armadas irregulares perdiendo 523 personas pero haciendo caer a 2.980.
Detrás de estas cifras está el respaldo de Estados Unidos de un total de US$ 2,5 billones desde el 2000. De las estrategias de Uribe, el gobierno está intentando recuperar territorio y establecer su presencia en todo el territorio, así como la de los cuerpos policiales.
Como posibles resultados, los colombianos parecen sentirse más seguros y la economía podría estar recuperándose. El PIB creció en un estimado de 3,2% el año pasado, el mejor indicador desde 1997. Pero todavía no se puede declarar el triunfo. El gobierno debe todavía debilitar a la guerrilla en sus bastiones más fuertes, los departamentos del Meta y Caquetá, donde están las escuelas de entrenamiento, las fábricas de armas y otros. Entre otras medidas, el mes pasado el Congreso aprobó una nueva ley antiterrorismo que ha traído ciertas quejas de las organizaciones de derechos humanos. Respecto a esto último, quizás la parte más débil de la estrategia de seguridad del gobierno es su aproximación a las poblaciones civiles en las áreas de la guerrilla, en hacer entender a las comunidades rurales los beneficios inmediatos del plan del gobierno. Algunos funcionarios están conscientes de la necesidad de este “toque social”, pero afirman que el mismo puede resultar costoso.
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Este es el resumen del artículo "Saque las cuentas" publicado en Enero 10, 2004 en la revista The Economist.
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