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Justicia lenta | 
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| El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hace amigos con más facilidad que enemigos. Aunque el juez principal de la Corte Suprema, Maurício Corrêa, es una excepción notoria. Desde que el presidente Lula tomó posesión del cargo, hace un año, se ha visto enfrentado públicamente a Corrêa por asuntos tales como: la independencia de la judicatura, la política económica y el recorte de las pensiones de los funcionarios públicos, incluyendo a los jueces. Lula ha dicho que la judicatura es una “caja negra” y ha prometido abrirla. “El presidente no entiende cómo funciona la judicatura”, señala Corrêa.
Lula ha creado un nuevo cargo, el Secretario para la Reforma del Ministerio de Justicia, destinado a lidiar con la rama del Gobierno que menos le gusta. Asimismo, le ha dado un nuevo ímpetu a una serie de medidas que han estado languideciendo en el Congreso durante una docena de años. Mientras que la mayoría de los países latinoamericanos han hecho reformas del sistema judicial en las pasadas dos décadas, Brasil se ha quedado atrás en este sentido. La mayoría de los brasileños considera que ya es el momento de llevar a cabo dichas reformas y, dada la crisis de confianza que está sufriendo el Gobierno debido a ciertos escándalos de corrupción, Lula está dispuesto a impulsarlas.
El sistema judicial brasileño es disfuncional: es excesivamente lento, está acosado por casos frívolos destinados a evadir la justicia y enredado en procedimientos innecesarios. Sus 16.900 jueces parecen chapados a la antigua y alejados de los ciudadanos. El año pasado, una operación policial llamada “Anaconda” descubrió a varios jueces que vendían veredictos favorables a los criminales. Esto, y la amenaza por parte de los jueces de hacer una huelga a favor de sus pensiones, ha despertado la furia pública.
Todo esto le cuesta dinero a Brasil y hace mella en la moral del colectivo. Según el economista, Armando Castelar, el producto interno bruto de Brasil sería un quinto mayor si el sistema judicial respondiera a estándares internacionales. Un observador de las naciones Unidas ha señalado recientemente que sólo el 7,8% de los 49.000 asesinatos cometidos cada año son “procesados exitosamente”.
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Este es el resumen del artículo "Justicia lenta" publicado en Marzo 27, 2004 en la revista The Economist.
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