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Justicia ciega | 
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| Jueces brasileños creen hacer justicia social apoyando a deudores incumplidores. Pero, en la práctica, perjudican a toda la sociedad. La promesa de mejorar la institucionalidad para hacer cumplir contratos fue fundamental para reducir el temor de los inversionistas durante la elección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente en 2002. Pero la producción y aprobación de normas que el gobierno viene realizando desde 2003 para mejorar la protección jurídica de los contratos, se han topado con la aversión de parte significativa de los jueces. Un ejemplo es el de la Ley 10.931, de 2004, que permite que un bien incautado por falta de pago pueda ser vendido rápidamente por el banco financista cinco días después de la incautación. Incluso antes que venza el plazo de 15 días para que el deudor apele la sentencia.
Aunque algunos jueces ya aplican la nueva ley, otros alegan que esa prerrogativa otorgada al acreedor es inconstitucional, pues no da oportunidad de defensa al deudor. Algunos evocan el Código de Defensa al Consumidor para alegar desequilibrio de fuerzas entre las partes de un contrato de financiamiento, donde el consumidor no tiene poder de negociar el acuerdo, restándole sólo aceptar o rechazar los términos establecidos por el agente financiero.
El efecto del desacuerdo es claro en los créditos automotores. “Sólo un 10% a un 15% de los vehículos están siendo beneficiados por la nueva ley”, dice el martillero Ronaldo Milan, de Milan Subastas, en São Paulo. “La ley fue muy bien pensada, pero, en la práctica, encuentra dificultades operacionales en la justicia”. El problema es que, si el banco pierde la causa, tiene que restituir al consumidor el valor del bien más una multa del 50%. Y, como la decisión judicial es altamente imprevisible, muchas veces los abogados recomiendan a los bancos no arriesgarse a vender el bien. “Además de eso, los bancos quedan sujetos a procesos por pérdidas y daños”, dice Milan.
La raíz del problema está en que la gran mayoría de los jueces brasileños prefiere ejecutar lo que ellos llaman “justicia social” antes que hacer valer los contratos. Así lo concluye una encuesta realizada en 2004 durante una investigación del economista Armando Castelar Pino, del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (Ipea), un órgano subordinado del Ministerio de Planificación. En la investigación, se les hicieron dos preguntas a jueces federales con menos de 40 años y que ejercían en los estados de Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro y Brasília: “¿Los contratos deben ser siempre respetados, independientemente de sus repercusiones sociales?”, y “Si el juez tiene un papel social que cumplir, ¿se justifican decisiones que violen el contrato?”. Los resultados mostraron que un 78,8% de los jueces entrevistados afirmó tener un papel social que cumplir y que la búsqueda de la justicia social justificaría decisiones que violen los contratos.
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Este es el resumen del artículo "Justicia ciega" publicado en Julio 2005 en la revista América Economía.
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