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Soldados de hojalata | 
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| Ya se ha vuelto un ritual común. El 9 de febrero, Evo Morales, presidente socialista de Bolivia, flanqueado por tropas, se paró frente a la planta de fundición de Vinto y la declaró nacionalizada. El pasado mayo hizo lo mismo con la industria gasífera del país. En octubre dijo que le había llegado su turno a la minería. Pero con Morales, cuya máxima es “Los recursos de Bolivia para los bolivianos”, el simbolismo y la retórica son más ambiciosos que la realidad.
Según los funcionarios, Vinto es un caso especial. “Se trata de arreglar algo que estuvo mal hecho”, asegura Guillermo Dalence, ministro de minas. “La planta le fue quitada a los bolivianos de un modo fraudulento y la estamos pidiendo de vuelta”. La planta de fundición tiene una historia controversial. Construida por un gobierno militar, fue privatizada en 1999. El comprador fue Allied Deals, una empresa británica que luego fue liquidada por fraude. Allied Deals pagó US$ 27 millones por la planta de fundición y la cercana mina de Huanuni. En 2002, sus liquidadores le vendieron Vinto por US$ 6 millones a un consorcio encabezado por Comsur, una compañía minera propiedad de Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente de Bolivia entre 1993 y 1997. Sánchez de Lozada (conocido por los bolivianos como “Goni”) fue elegido de nuevo en 2002, pero una serie de protestas, en las que participaron los seguidores de Morales, lo obligaron a renunciar un año después.
Goni es una figura muy odiada hoy en día en Bolivia, en parte porque 67 personas fueron asesinadas cuando el ejército se enfrentó a los protestantes en 2003. Goni vendió las acciones bolivianas de Comsur en 2005 a Glencore, una compañía minera suiza. Se desconoce el precio, pero se dice que fue US$ 220 millones, de los cuales US$ 90 millones fueron por la planta de fundición. Según una fuente confiable, se llegó al acuerdo de que Comsur indemnizaría a Glencore en caso de nacionalización.
Y ahora Glencore está exigiendo una indemnización por la planta de fundición. Según argumenta, el cierre viola un acuerdo bilateral sancionado entre Bolivia y Suiza en 1991. Por su parte, el gobierno señala que también pedirá una indemnización, puesto que Glencore no registró la compra en Bolivia; además, la planta de fundición costaba, supuestamente, US$ 140 millones cuando fue privatizada. “Todas las compañías extranjeras que operen dentro del marco legal tendrán la seguridad de que no serán tocadas”, afirma Dalence. Pero lo inversionistas no se deben sentir muy seguros.
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Este es el resumen del artículo "Soldados de hojalata" publicado en Febrero 17, 2007 en la revista The Economist.
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