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Operación Mara



Revista: América Economía
Tema: Seguridad y defensa
Fecha: Septiembre 2007
Autor(es): Andrea Tunarosa
Edgard Ramírez llegó a El Salvador a los 25 años de edad. El viaje, cortesía del gobierno de Estados Unidos, lo traía de vuelta al mismo país del que había salido huyendo a los ocho años, cuando el conflicto armado estrangulaba las escasas oportunidades económicas de los salvadoreños. En ese momento, partir hacia la ciudad de Los Ángeles, junto a su familia, había sido la mejor alternativa. Su historia es la de miles de centroamericanos.

Sin embargo, la vida en EE.UU. también fue dura. Obligada a trabajar para mantener a su familia, la madre de Ramírez tenía poco tiempo para sus hijos. Eso, sumado al ocio, a la violencia de la que fue testigo en El Salvador y a la necesidad de pertenecer a un grupo, llevó a Edgard a formar parte de una mara, o pandilla callejera, cuando tenía 12 años. Una vez allí, las peleas y las drogas se convirtieron en cotidianas y lo llevaron más de una vez a la cárcel, hasta que las autoridades estadounidenses lo expulsaron en 1997. EE.UU. no les informó a los gobiernos locales que muchos deportados pertenecían a las pandillas más violentas de las comunidades hispanas. Al no haber cometido crímenes en suelo centroamericano, llegaban como hombres libres, capaces de “reoxigenar” a los grupos criminales locales. En países como Guatemala, Honduras y El Salvador, donde la pobreza era aguda y el Estado de Derecho, frágil, el terreno fue propicio para la proliferación del fenómeno.

Hoy, las pandillas constituyen un foco importante de violencia en el istmo. No es el único, ni el que cobra más vidas, pero sí es una amenaza a la estabilidad democrática. Para obtener dinero, sus miembros se dedican a actividades ilegales que van desde secuestros y extorsiones, hasta tráfico de drogas y armas. Por eso o por el riesgo de que los efectos nocivos atraviesen el Río Grande, el gobierno de George W. Bush ofreció recientemente apoyar a los centroamericanos en su lucha contra las maras. Es un plan del que todavía se conocen pocos detalles, pero que orienta a los países a buscar una solución conjunta.

Algunas iniciativas relacionadas con el cumplimiento de la ley ya están en marcha. Por ejemplo, desde abril de 2005, el FBI opera una oficina en San Salvador para coordinar el intercambio regional de información. También, en conjunto con el Departamento de Estado, el FBI está organizando la Unidad Transnacional Anti-maras, conformada por agentes estadounidenses y policías salvadoreños, y la Iniciativa Centroamericana de Explotación de Huellas Digitales.




Este es el resumen del artículo "Operación Mara" publicado en Septiembre 2007 en la revista América Economía.

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