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Estado de sitio | 
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| Durante las semanas que siguieron al anuncio del presidente Hugo Chávez de reformar la Constitución venezolana, el alboroto por la eliminación del límite al mandato presidencial opacó la discusión sobre otra modificación crítica que Chávez busca introducir: la redefinición de los derechos económicos. Mientras que la actual Constitución garantiza el derecho a “dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia”, la propuesta dice que “el Estado promoverá el modelo económico productivo” que garantice la satisfacción de necesidades sociales.
“Esto representa un cambio conceptual radical”, dice Allan Brewer-Carias, constitucionalista venezolano, profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York, y exiliado tras participar en el golpe contra Chávez en 2002. “La eliminación de la libertad económica tiene implicaciones con los derechos humanos. En la propuesta los derechos, en lugar de ser la regla y las limitaciones la excepción, se convierten en la excepción, siendo la regla estar a merced del Estado”.
La reforma es un desincentivo para los potenciales inversionistas en la recalentada economía venezolana. Además de los cambios que implica para las decisiones vocacionales de las personas, la propuesta elimina la autonomía del Banco Central, limita la jornada laboral a seis horas, declara ilegal la tenencia de grandes tierras, incrementa el control sobre la propiedad de recursos naturales y cambia la definición de los derechos de propiedad. “La percepción de que la situación está siendo empeorada en lugar de mejorada es general”, dice Robert Bottome, editor de Veneconomía.
Una de las propuestas más radicales es el artículo que redefine los derechos de propiedad. La Constitución de 1999 señala que el Estado “garantiza el derecho de propiedad”, mientras que la propuesta establece que “se reconocen y garantizan las diferentes formas de propiedad”. Así, se enumeran los conceptos de “propiedad pública”, “propiedad social”, “propiedad comunal”, “propiedad ciudadana”, “propiedad colectiva”, “propiedad mixta”, y sólo al final, “propiedad privada”. A la vez, limita ésta a “aquella que pertenece a personas naturales o jurídicas y que se reconoce sobre bienes de uso y consumo, y medios de producción legítimamente adquiridos”. “El lenguaje es intencionalmente vago para darle a Chávez más libertad”, dice Rafael Alfonzo, presidente del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad.
Desde el anuncio, Chávez ha tratado de calmar las protestas, señalando que no busca nacionalizar todo el sector privado. Pero aún permanecen las preocupaciones sobre el más significativo de los cambios propuestos: la abolición del límite al período presidencial. Esto podría extender el mandato de Chávez indefinidamente y así acentuar la inseguridad en el sector privado.
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Este es el resumen del artículo "Estado de sitio" publicado en Septiembre 2007 en la revista América Economía.
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