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Sigan votando | 
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| El 10 de agosto los bolivianos debían confirmar o rechazar al presidente socialista Evo Morales y a los prefectos regionales electos, lo que podría colocar a uno de los países más pobres de América del Sur en un punto muerto entre dos facciones irreconciliables. Desde que llegó al poder en diciembre del 2005, Morales ha recuperado el control estatal sobre la industria del gas natural, privatizado la minería y las compañías telefónicas y aspira a implantar una nueva Constitución que aumentará el rol del Estado en la economía, fortalecerá al Presidente, debilitará el poder judicial y dará a los indígenas mayor autonomía. A la oposición, ubicada en los departamentos más ricos, le asusta su imitación del modelo socialista venezolano y le disgustan sus planes de reducir su participación en las ganancias del gas e imponer una reforma agraria.
Los anteriores gobiernos naufragaban entre el déficit presupuestario y la dependencia extranjera. A Morales la cuasi-nacionalización del gas le ha proveído de una inesperada fuente de dinero, que aún con el aumento del gasto público (subió de un 34% del PIB en 2005, a un 42% en 2007), le deja recursos extra para desarrollar programas contra la pobreza, aumentar el salario mínimo y expandir la nómina pública. La economía creció en una tasa anual de 6% el primer trimestre de 2008, los obreros de la construcción y trabajadores capacitados ganan mucho más que antes y la elevación en los precios de la comida y los minerales (la inflación fue de 17% en junio) ha ayudado a los campesinos y mineros por cuenta propia.
Morales mantiene así su popularidad, pero Bolivia sufre con la confrontación: lo judicial paralizado, la inversión privada restringida y un aumento de las disputas violentas entre grupos radicales de ambos bandos, que aún no están listos para la conciliación. Una opción podría ser que un tercero, como la Iglesia Católica o la Organización de Estados Americanos, mediara entre ellos, dando la posibilidad de un “retorno a la legalidad”, que incluyera un consenso en los nombramientos a los altos puestos vacantes de los tribunales y ajustes de la nueva constitución que permitan mayor autonomía regional. La alternativa a eso es un punto muerto.
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Este es el resumen del artículo "Sigan votando" publicado en Agosto 2, 2008 en la revista The Economist.
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