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Colombia: Pirámides derrumbándose | 
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| Tan sólo bastó la primera insinuación a un rumor en que el gobierno estaba a punto de clausurar un sistema piramidal de inversiones ilegal para que los dueños del desfalco huyeran del país, lo que incitó a cientos de miles de inversionistas furiosos a manifestar en 13 ciudades de toda Colombia: fachadas de tiendas fueron incendiadas, oficinas saqueadas y edificios gubernamentales atacados en violentas protestas que dejaron un saldo de dos muertos, incitando al gobierno a declarar un estado de emergencia.
Las manifestaciones comenzaron luego que se difundieran las noticias de que los dueños de Proyecciones DRFE (las iníciales de Dinero Rápido Fácil en Efectivo), un sistema de inversión en el cual cientos de miles de colombianos había sumergido sus ahorros, habían desaparecido. Tentados por astronómicas tasas de retorno, muchos inversionistas desde pobres campesinos hasta senadores adinerados, habían vendido sus casas o solicitado préstamos con la esperanza de ver su dinero duplicarse en tan sólo unos meses. Algunos incluso renunciaros a sus empleos. Ahora muchos de ellos han sido dejados virtualmente sin un solo centavo.
DRFE es una de las más de 200 firmas colombianas sospechosas de recibir depósitos ilegalmente por parte de inversionistas, ofreciendo tasas de interés de hasta un 300% en tan sólo seis meses. Algunos de ellos actúan como clásicas estafas piramidales bajo las cuales los inversionistas iníciales obtienen jugosas ganancias de otros inversionistas que ellos se arreglan en atraer. El sistema continúa pagando hasta que nuevos inversionistas dejan de llegar o los dueños deciden desaparecerse sin previo aviso. Otros son más sofisticados al aparentar ser compañías normales vendiendo mercancía, pero pagan a sus clientes con "puntos" canjeables por dinero en efectivo luego de seis meses.
En Bogotá, los funcionarios pasaron los primeros días luego de las manifestaciones culpándose mutuamente por fallar en prevenir la crisis, y el titular de regulación financiera del país presentó su renuncia. Cuando el gobierno al fin reaccionó, el 17 de noviembre, iba a declarar un estado de "emergencia social". Esto le permite al presidente Álvaro Uribe mandar por decreto. Entre las primeras medidas anunciadas está un aumento en las condenas a prisión para los cabecillas de tales timos de seis a 20 años. Al mismo tiempo, se les ha otorgado a los alcaldes y gobernadores nuevos poderes para clausurar a las firmas ofensoras sin atravesar las comunes montañas de papeleo.
El gobierno dice que espera retornar el efectivo a los inversionistas utilizando dinero y activos incautados de estas compañías. Pero aunque el Sr. Uribe advirtiera a los clientes durante una alocución televisada durante esa misma semana, muchos de ellos todavía perderán su dinero a pesar de los esfuerzos del estado. Hasta ahora, 92,4 mil millones de pesos (US$42 millones) han sido incautados de las oficinas del DRFE, aunque los funcionarios creen que la compañía puede haberse llevado hasta US$200 millones en depósitos. Los activos de la compañía DMG Grupo Holding, la cual evolucionó de una simple pirámide a un sofisticado sistema de inversión con unos 200,000 clientes, están todavía por ser evaluados, aunque representantes de la firma dicen no tener todo el dinero para así compensar a todos sus inversionistas.
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Este es el resumen del artículo "Colombia: Pirámides derrumbándose" publicado en Noviembre 22, 2008 en la revista The Economist.
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