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México sediento | 
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| La población de 22 millones de habitantes del DF mexicano (el 20% del total de la población del país) carece cada vez más del abastecimiento local del agua, la cual debe ser traída de otros estados a través de complejos sistemas de abastecimiento. La demanda crece tanto como la población, a un ritmo del 2% en el DF y 5,6% en el estado de México. El sistema de abastecimiento requiere de una infraestructura con una mayor inversión, además de que los sistemas acuíferos están siendo sobreexplotados y ello afecta directamente a la calidad del agua y el hundimiento de la ciudad. La Zona Metropolitana del Valle de México recibe 63 metros cúbicos de agua por segundo para uso urbano, de los que 19,5 m3 llegan del Sistema Cutzamala (estado de México) y Lerma (Michoacán), 1,5 m3 de ríos y manantiales y 42 m3 de los mantos acuíferos, o sea, que se está extrayendo más agua de la que se recarga por medios naturales. Además, conforme se va más abajo en la extracción del recurso, su calidad es cada vez menor.
Otro aspecto importante es que la Constitución garantiza el agua como un bien público, por el cual sólo hay que pagar el transporte y esa estructura de precios no fomenta un consumo más consciente. El costo por extracción de la presa en Cutzamala, bombeo, potabilización, materias primas y mano de obra, es de unos 6,70 pesos (US$0,4) por metro cúbico y ellos venden este servicio a 4,21 pesos (US$0,3) a los gobiernos del estado de México y el Distrito Federal. A nivel nacional, después de recibir el agua de un sistema central, los estados la distribuyen a sus municipios, que tienen sus propios organismos públicos que gestionan los sistemas de agua. Ocurre que muchas veces privan intereses políticos ya que las tarifas no las decide el organismo, sino que están blindadas por el personaje gubernamental de turno. El agua se cobra a un promedio de 2 pesos (US$ 0,14) el metro cúbico y sólo paga la mitad de la gente, por lo que resulta bastante complejo mantener un sistema eficiente.
Revertir esta situación implicaría hacer cambios jurídicos en la Reforma Constitucional que formalizó la potestad de los municipios sobre la operación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para que sean estos organismos los que regulen las tarifas y funcionen como empresas independientes. Para completar el panorama, las redes de provisión presentan importantes fugas por donde se pierde gran cantidad del agua que abastece a la Zona Metropolitana. Debido a que la zona presenta un promedio de 10 centímetros de hundimiento cada año, eso genera graves roturas en la red hidráulica y explica las fugas de un 30% a 40%.
Según especialistas del Centro del Agua para América Latina, una salida es seguir el caso de Chile, país que está a la vanguardia en la materia, con un 95% de cobertura de agua potable y un 100% en la continuidad del servicio, debido a que creó instituciones sólidas con una visión de largo plazo, generó un sistema eficiente de subsidios y existe una alta cultura de pago en la población, entre otros factores. En cambio, en México, lo que paga el gobierno ya no alcanza para cubrir el diferencial entre el costo de transporte y tratamiento del agua y lo que se cobra realmente a los consumidores. Además, se aplica de manera general para todos y no específicamente para la gente de menores recursos, como en el caso chileno, y sólo alcanza a cubrir los costos de los operadores de los sistemas de agua y no para reinvertir ni generar ganancias.
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Este es el resumen del artículo "México sediento" publicado en Diciembre 2008 en la revista América Economía.
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