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Ecuador: una bofetada contra la democracia | 
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| Ninguno de los tres presidentes ecuatorianos elegidos entre 1996 y 2004 finalizó su período presidencial de cuatro años. A uno de ellos se le formularon cargos por “incapacidad mental”, otro cayó en una revuelta militar y otro fue sacado del poder por medio de protestas callejeras. Hace dos años, Rafael Correa, quien sirviera al gobierno ilegitimo precedido por las protestas de 2005 y continuara para ser elegido presidente en 2006, aprobó una constitución que prometió estabilizaría al país.
A pesar de eso, el 30 de septiembre Ecuador se sumergía en el caos una vez más. La policía en toda la nación se sublevó en contra de una ley de servicio civil que habría de reestructurar y estandarizar los salarios de empleados públicos, reduciendo así los bonos discrecionales de algunos trabajadores. Ellos abandonaron sus puestos de trabajo y secuestraron sus dormitorios, dejando a mucha de la nación sin protección e incitando a brotes de saqueos.
El Sr. Correa se dirigió a los dormitorios centrales en Quito, la capital, para hablar con los oficiales rebeldes. Pero él se rehusó a retractarse de la nueva ley. Enfurecidos por los agitadores abucheados, él desnudó su pecho de una forma melodramática y los retó a que lo mataran. Luego de haber intentado huir, fue atacado con gas lacrimógeno. Uno de los oficiales que protestaba presuntamente intentó darle en la pierna, la cual había sido operada diez días antes. Él fue entonces trasladado a un hospital policial adyacente, en donde declarara un estado de emergencia. El ministro de Relaciones Exteriores hizo un llamado a los simpatizantes del presidente para que marcharan al hospital y así rescatarlo. Según el Ministerio de Salud, fallecieron ocho personas y 274 resultaron heridas.
Fue ciertamente horrible, ilegal e inaceptable, pero ¿fue el motín un golpe de estado, así como lo insistiera el Sr. Correa? Algunos líderes extranjeros dicen que fue de esa forma así como José Miguel Insulza, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Éste había sido claramente planeado: las tropas de la fuerza aérea bloqueando la pista del aeropuerto de Quito desplegaban carteles pre-impresos. Pero ninguno de los líderes golpistas dio un paso al frente para exigir que el Sr. Correa renunciara o proclamara un nuevo gobierno. El General Ernesto González, jefe de las fuerzas armadas, había jurado su apoyo a la democracia a pesar de que exigiera que la ley fuera modificada.
Regodeado de victimismo, el Sr. Correa ha emergido fortalecido del asunto, al menos temporalmente. Sus ratings de popularidad subieron de 5 a 10 puntos porcentuales en las encuestas realizadas poco después de la revuelta. Seis comandantes de la policía han renunciado, permitiéndole nombrar a una selección de oficiales más leales. Él ha anunciado una depuración (purge) en los rangos de la policía. Pero además tuvo que hacer algunas concesiones a los manifestantes: los salarios de unos 7.000 oficiales de policía y militares de rango medio serán ahora “corregidos” hacia arriba.
La oposición ahora se teme una cacería de brujas. Otro aspecto preocupante de la rebelión policial es que, a pesar de la renuncia de sus comandantes, el poder político del ejército puede haber cobrado fuerza. Pese al impulso temporal de su popularidad, el Sr. Correa podría pronto descubrir que el gobernar a Ecuador no se ha hecho más fácil que a sus antecesores.
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Este es el resumen del artículo "Ecuador: una bofetada contra la democracia" publicado en Octubre 9, 2010 en la revista The Economist.
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