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¿Con nosotros o en contra? | 
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| Hace unos días, un equipo policial vistió el nuevo equipo del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Es posible que no se tratara de una intimidación del gobierno del Presidente Hugo Chávez, pero ya que el CNE tiene la delicada misión de decidir la validez de más de 3 millones de firmas que apoyarían el referéndum revocatorio, se podría pensar otra cosa.
El presidente, militar golpista, no está siempre satisfecho con la democracia. La Constitución respaldada por él en 1999 convirtió al CNE en una rama independiente del gobierno, pero Chávez constantemente interfiere en sus asuntos, advirtiéndole sobre la validación de firmas "ilegales" y ordenándole reorganizarse como institución antes de conformar cualquier referéndum. Quienes han apoyado la medida también han sido señalados por persecución por parte de empleados del sector público, incluyendo ministerios, fuerzas armadas y la estatal de petróleo PDVSA. Aunque el anterior CNE no publicó los nombres de los firmantes, la base de datos que contiene los nombres y números de identificación de quienes firmaron una petición previa llegó a manos de Luis Tascón (legislador del Movimiento Quinta República que apoya a Chávez) y fue publicada en su website.
Los primeros en sufrir las consecuencias fueron los oficiales militares, censurados con medidas disciplinarias y amonestados por firmar, aunque la Constitución del 99 les otorga los mismos derechos que a los civiles. En el caso de PDVSA, la corporación ya ha despedido a cerca de 18.000 trabajadores por haber participado en la huelga de diciembre y enero. Ahora PDVSA está usando la base de datos del referéndum para filtrar las solicitudes de empleo. El hombre a cargo de la tarea es Asdrúbal Chávez, primo del presidente y quien se ha negado a responder a entrevistas.
La visita de la policía al CNE obedeció a las acusaciones de que algunas firmas habían sido forjadas. Pero el número de tales rúbricas sería muy pequeño como para respaldar la intervención o para invalidar el proceso. Aun más, existe evidencia de que quienes lo argumentan sí firmaron por voluntad propia, pero quieren retractarse por miedo a perder sus trabajos. La Constitución del 99 rechaza la discriminación por creencias o afinidades políticas. Y obliga al Estado a penalizar las violaciones de los derechos humanos. Y para mantener la honestidad de las autoridades, crea otra rama del gobierno, llamada el poder moral, que incluye la figura del defensor del pueblo. Desafortunadamente Germán Mundaraín, quien ocupa esta posición, es esclavizadamente obediente del gobierno y afirma que no ha recibido ninguna denuncia sobre este tipo de discriminación.
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Este es el resumen del artículo "¿Con nosotros o en contra?" publicado en Septiembre 13, 2003 en la revista The Economist.
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