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Aquí lo tienen | 
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| Cuando Carlos Menem quiso atraer compañías extranjeras a Argentina durante su presidencia en 1989-99, una de sus prácticas favoritas fueron los tratados de inversión bilateral, como los que firmó con EUA y Francia en 1991. Estos requerían que Argentina protegiera los derechos de propiedad de las empresas extranjeras y dejara que las que tuvieran quejas presentaran reclamos ante el Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversiones (ICSID), una organización del Banco Mundial que realiza arbitraje entre negocios y gobiernos. En parte gracias a estos tratados, la inversión extranjera creció, pero en 2001 la economía argentina colapsó y tanto las compañías extranjeras como las domésticas sufrieron enormes pérdidas. Docenas de compañías extranjeras acudieron al ICSID por compensación.
Argentina ha salido bien con ICSID, ganando seis de los diez casos resueltos. Una docena más de casos fueron sustraídos. Pero los que ha perdido suman más de US$ 400 millones. Y Argentina no ha pagado todavía ni un centavo a ninguna de esas compañías. El país ve a ICSID como muy amistoso en los negocios, y con alguna justificación. Los miembros de su tribunal vienen a menudo del arbitraje comercial, donde las disputas se resuelven estrechamente en base a contratos firmados y no a tratados. Pero muchas reclamaciones a ICSID involucran tratados inversionistas, que aprueban excepciones para los gobiernos a favor de amplios intereses tales como la salud pública o el medio ambiente. El árbitro debe determinar si las acciones del Estado cumplen con ese criterio.
Dos contrapartes izquierdistas de Argentina, Bolivia y Ecuador, ya se han alejado de ICSID y Venezuela ha dicho que lo hará. Incluso los países ricos están empezando a cuestionar el arbitraje. Argentina nunca ha amenazado con dejar a ICSID e insiste que está abierto a honrar el pago de los casos perdidos, pero que los reclamantes no han traído sus fallos a una corte local para su cobro. Las compañías dicen que ICSID fue establecida para permitirles evitar cortes locales, y que la deuda está vigente aun sin la aprobación de la justicia argentina, lo que ha sido respaldado por los árbitros, que no están ansiosos por pagar la cuota del 3% que las cortes argentinas les cargan por procesar dichos pagos, más si existe el riesgo de que sean rechazados. Además, en el pasado el gobierno argentino ha pagado en bonos y no en efectivo.
Algunas de las compañías a las que Argentina les debe están tratando de poner presión al asunto. Dichas compañías pueden perseguir los activos estatales argentinos en cualquier país miembro de ICSID, aunque la mayoría ya han sido tomados por los poseedores de sus bonos soberanos en mora. Mientras tanto, las reclamaciones permanecen sin ser pagadas. No está claro si esto pudiera causar un declive de la inversión extranjera. Las multinacionales han eliminado a Ecuador, Bolivia y Venezuela mucho antes de que dejaran ICSID. Brasil se ha convertido en un destino superior de las inversiones sin ratificar ni un solo tratado inversionista. Pero los países de tamaño mediano con riesgos políticos regulares (como Argentina) se benefician más del arbitraje. El país que ha escogido probar el sistema está entre los que más probablemente lo extrañará si éste colapsa.
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Este es el resumen del artículo "Aquí lo tienen" publicado en Febrero 18, 2012 en la revista The Economist.
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