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Lluvia negra |
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| Chevron Texaco, la quinta mayor empresa de EUA y cuarta mayor petrolera del mundo, enfrenta un complejo escenario legal y financiero en América Latina debido a su larguísimo y complejo juicio con las comunidades del sector de Lago Agrio, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos. En febrero de 2011, tras 18 años de litigio, una corte local sentenció a Chevron a pagar US$ 18.000 millones por los daños provocados. La sentencia fue ratificada en segunda instancia en enero pasado y el caso se centra hoy en cómo aplicar la sentencia. Como Chevron no tiene activos en Ecuador, los querellantes buscarán ejecutarla en otras jurisdicciones como Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia, que firmaron la Convención de la OEA sobre la validez extraterritorial de juicios extranjeros y fallos arbitrales, y en donde la compañía tiene inversiones millonarias.
Todo comenzó en 1964, cuando un consorcio encabezado por Texaco comenzó a perforar pozos en Lago Agrio, transformando a Ecuador en un exportador neto de crudo. Los estándares ambientales no fueron muy estrictos y Texaco ahorró costos arrojando unos 18.000 millones de galones de desechos tóxicos en las aguas de la zona, que muestra hoy negras piscinas pestilentes, árboles pegajosos y una población con diversas enfermedades cutáneas, intestinales y degenerativas. El contrato con Ecuador expiró en 1990 y, en 1993, un grupo de habitantes, con el apoyo de una misión religiosa y abogados ecuatorianos y estadounidenses, presentó la primera querella contra la empresa en una corte de Nueva York. Durante una década, Texaco sostuvo que el caso fuera litigado en Ecuador, lo que fue ratificado por el tribunal de EUA en 2003. Al adquirir Texaco en 2001, Chevron heredó el juicio y mantuvo el criterio de litigar en Ecuador. Con la llegada al poder en 2003 de Rafael Correa, los demandantes encontraron mucho más apoyo para su causa y la empresa cambió de estrategia, optando por impugnar el sistema judicial ecuatoriano. El caso se ha transformado en una guerra de desgaste en la que cada parte va aumentando su apuesta.
Apenas se conoció el dictamen ecuatoriano de primera instancia, Chevron inició una dura contraofensiva en varios frentes. Presentó una demanda contra el Estado ecuatoriano ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, por no respetar el contrato que eximió a Texaco de responsabilidades ambientales en Lago Agrio. Pero el grueso de su artillería jurídica y mediática la ha concentrado contra los demandantes, a los que acusa de fraude, chantaje y otros delitos supuestamente cometidos por sus abogados. La empresa logró una victoria transitoria ante la corte federal de Nueva York, que dictó una orden preventiva para evitar que los querellantes cobraran la multa ecuatoriana en otros países, pero en septiembre pasado esta fue revocada por el tribunal de apelación. Y el 7 de noviembre, un contratista de Chevron derramó 3.000 barriles de petróleo en la costa frente a Rio de Janeiro. La compañía asumió toda la responsabilidad, pero calificó de “exagerada” la multa inicial de US$ 28 millones impuesta por la Agencia Nacional del Petróleo. Estos casos afectan el negocio de Chevron, que es sobre todo de exploración y extracción, lo que requiere permisos estatales y aceptación de las comunidades.
La pregunta es qué movimientos realizará cada parte. Chevron ya recurrió a la Corte Suprema ecuatoriana y el tribunal arbitral de la Haya para mantener la presión, pero es difícil impugnar el sistema judicial ecuatoriano después de pedir que el juicio se realizara allí. El avenimiento parece difícil, pues la intención de la empresa es llevar a la justicia a los que perpetraron el supuesto fraude y otros delitos en el proceso ecuatoriano, una estrategia legal que, a la postre, podría resultar costosa en dinero e imagen. Si hubieran mejorado la oferta de Texaco y llegado a un acuerdo con los demandantes en 2003, hoy no estarían gastando millones de dólares en abogados ni exponiéndose a un daño irreparable a su reputación y relaciones de negocios. El caso ha dado tantas vueltas que no es descartable que la petrolera se recupere de los últimos golpes. Mucho dependerá de lo que ocurra en su próxima junta de accionistas. Mientras tanto, los demandantes continúan reclamando los US$ 18.000 millones.
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Este es el resumen del artículo "Lluvia negra" publicado en Febrero 2012 en la revista América Economía.
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