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Soldados sin uniforme | 
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| Ahora también es posible subcontratar ejércitos. Esto no es nuevo. Por ejemplo, en 1997 Erik Prince, un ex Seal fundó Blackwater (hoy XE Services), una empresa de entrenamiento para unidades policiales y militares. Con la invasión de Irak, Prince recibió grandes contratos. “Cinco contratistas de Blackwater estuvieron involucrados en la masacre de Nisour Square”, comenta José Luis Gómez del Prado, miembro del grupo de trabajo de las Naciones Unidas contra el uso de mercenarios. “Pero no se ha llevado a estos mercenarios a juicio, mientras que a los militares involucrados sí se les castigó”. La razón de esto es que muchos de estos contratistas cuentan con inmunidad diplomática. Además, ¿dónde juzgarlos? ¿En el país donde se cometieron los crímenes de guerra, en aquel donde fueron contratados o aquel de donde provienen? Por si fuera poco, en materia de violación de Derechos Humanos no tienen responsabilidad, pues para esos casos sólo son imputables los Estados y sus funcionarios.
El outsourcing militar ha seguido durante el gobierno de Obama, quien anunció fuertes recortes al presupuesto de Defensa y un “ejército más pequeño”. “En el primer mundo la privatización del sector militar se entiende más bien como un instrumento para reducir gastos”, explica Rolf Uesseler en su libro La Guerra como Negocio. Por su parte, Gómez del Prado precisa que las empresas “contratan a muchos latinoamericanos, chilenos, peruanos. Hace unos meses estuve en Irak y me chocó ver a contratistas peruanos que daban la seguridad a la embajada norteamericana en Bagdad”.
Y es que Latinoamérica es un campo fértil para este tipo de contratistas. Según Amanda Benavides, ex presidenta del grupo de trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios, estas empresas de seguridad operan en Latinoamérica en cuatro ámbitos fundamentales: (1) seguridad privada para la vigilancia de los yacimientos mineros; (2) seguridad privada para fines internos en los Estados; (3) el uso de contratistas latinoamericanos en conflictos lejos de sus países; y, (4) el empleo de ex militares en situaciones como el control de cárceles, fronteras, en casos de desastres naturales y acciones humanitarias.
Tanto Benavides como Gómez del Prado afirman que los Estados latinoamericanos, en especial México, deben construir entramados legales que permitan juzgar los excesos que puedan cometer los contratistas. Gómez del Prado advierte que hay un problema en expansión y que empieza a tocar a México, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y el plan Mérida. “Lo están copiando del Plan Colombia y, en aquel país, al igual que en Irak, los contratistas gozan de inmunidad diplomática”.
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Este es el resumen del artículo "Soldados sin uniforme" publicado en Febrero 2012 en la revista América Economía.
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