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La alcancía | 
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| Esta semana la placa que adornó por 20 años el lobby del Banco Central de Argentina, proclamando su “primaria y fundamental misión de preservar el valor de la moneda”, fue quitada después de que el Congreso del país aprobó una ley que le da un nuevo y más extenso mandato: “promover, hasta donde sea posible y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria y financiera, los empleos y el crecimiento económico con imparcialidad social”. Con esto, el banco ha perdido el último vestigio de su independencia legal y se ha convertido en la alcancía del gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Ahora puede ser requerido para transferir al Tesoro efectivo equivalente al 20% de los ingresos del gobierno, más un 12% del suministro de dinero; usar sus reservas (de US$ 47 mil millones) a petición para pagar las deudas del gobierno; y jugar un rol más activo en la regulación de los bancos y en encaminar créditos a industrias favorecidas.
Desde la salida en 2010 del presidente del banco, Martín Redrado, Fernández ha usado más de US$16 mil millones de las reservas para pagar deudas y destinado US$ 5.7 mil millones para 2012. Como bajo la vieja ley el gobierno solo podía gastar la cantidad necesaria de reservas para respaldar el monto de pesos en circulación, y ya se había gastado esa cantidad, decidió cambiar la ley. Fernández ha perseguido sin descanso el crecimiento económico, pero las finanzas públicas han caído en déficit por los vastos subsidios que mantienen bajas las tarifas de los servicios y el transporte. Mientras el excedente de la cuenta corriente disminuye, el gobierno impone frenos a las importaciones y controles de capital más estrictos. Y ahora usa las reservas del Banco Central para pagar los US$ 9.3 mil millones que le debe al París Club de gobiernos acreedores, un obstáculo para poder tener acceso a los mercados de capital internacionales.
El efecto inmediato del cambio de la ley ha sido avivar las preocupaciones de que la inflación despegue. La diferencia entre el cambio oficial y la tasa en el mercado cambiario ha aumentado hasta cerca del 20%. Pero sus responsables insisten en que el banco será “muy riguroso” y no imprimirá más pesos que los necesarios. La moderadamente baja deuda del gobierno y sus restricciones a la fuga de capitales podría prevenir un rápido colapso del peso. Otra señal de la creciente desesperación de Fernández es su intimidación a YPF, una unidad de la Repsol española, a la que culpa de una caída en la producción de petróleo (una baja del 32% desde su máximo de 1998) y de gas (una baja del 10% desde 2004). Los petroleros culpan al gobierno, pues solo reciben US$ 42 por barril por las exportaciones y alrededor de US$ 70 en el mercado doméstico, cuando el precio en el mercado mundial supera los US$ 120.
Repsol se ha ofrecido a pagar los dividendos del 2011 de YPF en acciones, y no repatriar los beneficios, pero el gobierno quiere que sean depositados en un fondo de inversión especial. Si pretendiera la renacionalización, a Fernández se le haría difícil recaudar los fondos, aunque sus amenazas han hecho descender el precio de las acciones de YPF en un 14% este año y 6 provincias menores le han quitado las concesiones de petróleo. Lo más perverso es que Argentina está asentada posiblemente sobre la tercera mayor reserva de hidrocarburos de esquisto bituminoso, cuyo desarrollo costaría US$ 25 mil millones anuales por una década, un monto que ni siquiera el Banco Central podría proveer. Pero las necesidades políticas a corto término, y no la prosperidad a largo plazo, están dictando la política de Argentina.
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Este es el resumen del artículo "La alcancía" publicado en Marzo 31, 2012 en la revista The Economist.
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