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La ley y los pobres | 
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| Durante el mes de diciembre, el gabinete hindú aprobó un anteproyecto de ley sobre el “derecho a la comida” que les daría a dos tercios de la población un derecho –supuestamente aplicable a la ley- para adquirir alimentos económicos. El Parlamento todavía debe dar su aprobación, pero la idea es parte de una tendencia. Las leyes hindúes ya prometen el derecho a la educación, a la salud y al empleo remunerado. E India es uno de los muchos países que incorporan los derechos sociales y económicos a sus constituciones, y que utiliza las cortes para hacer cumplir esos derechos. La Corte Constitucional de Indonesia promulgó unos decretos en 2004-06 que le requerían al gobierno impulsar el gasto en educación. La corte más alta en Sudáfrica obligó a un presidente poco dispuesto, Thabo Mbeki, a lanzar varios programas anti VIH/SIDA.
Utilizar la ley como un instrumento de políticas sociales podría parecer perverso. Hasta ahora el balance de la opinión académica ha sido que las cortes han hecho poco para ayudar a los pobres. En teoría, se supone que la ley no discrimine a favor de nadie. En la práctica, a los ricos les va bien en las cortes porque los pobres no se pueden costear ir a un tribunal (ellos dependen de los casos traídos por otros); porque se dice que la ley favorece a los dueños de propiedades; y porque, como Anatole France, un novelista francés, lo pone de manera sardónica, “la majestuosa igualdad de las leyes prohíbe a que tanto pobres y ricos duerman bajo los puentes, anden mendingando en las calles y roben pan”.
Pero un nuevo estudio discrepa de esta visión. Los autores del mismo sostienen que los registros de la ley son mixtos: están en pro de los pobres en algunos países y son regresivos en otros. Pero a fin de cuentas es mucho mejor para los pobres que lo que sugiere la sabiduría convencional. Los autores del estudio sostienen que existen tres tipos de casos legales. Algunos de ellos implican regulaciones, otros obligaciones, y otros provisiones. Los casos de regulaciones obligan al gobierno a cambiar las reglas para mejorar el acceso a los derechos básicos. Los de obligaciones le cambian el comportamiento a aquellos que están obligados a dar un servicio basado en los derechos (por ejemplo, al explicar en detalle que derechos poseen los pacientes a la información con respecto a un tratamiento médico). Los casos de provisiones exigen nuevos bienes o servicios (por ejemplo, ¿la ley le requiere al estado que les den medicamentos contra el SIDA a internos en una prisión que sean VIH-positivo?). Los casos de regulaciones les ofrecen más esperanzas a los pobres, calculan los autores del estudio, porque los fallos de la corte afectan con frecuencia sólo a aquellos que ya reciben un servicio. Con los casos de provisiones, depende de cuán amplia pueda ser la aplicación de un fallo de la corte.
Los autores entonces fijan sus miradas en unos países, todos ellos mercados emergentes pero con diferentes niveles de ingresos, diferentes tradiciones legales (algunas con leyes ordinarias y otras con códigos civiles) y diferentes historias con respecto a la utilización de las leyes que apoyan las políticas sociales. Ellos calculan que la proporción de los beneficios resultantes en los juicios legales bajo las leyes basadas en derechos van al 40% de los más pobres de la población en cada país. Ellos descubrieron que India ha sido el caso más exitoso por esta medida. Sus cortes tienen más posibilidades de aceptar casos de regulaciones que planteen asuntos de políticas amplias. Los autores calculan que los fallos en cortes hindúes han elevado en un 10% al año las matriculaciones de niñas, trayendo así a 7 millones de infantes a los programas de alimentación escolar. A pesar de los problemas serios con respecto al cumplimiento, ellos creen que un 84% de los beneficios en los fallos relevantes les ha llegado a dos quintos de la población más pobre. Sudáfrica también utiliza casos de regulaciones de manera extensiva. Aquí, los pobres recibieron tres cuartos de los beneficios en los fallos legales en cuanto a la salud y un 100% de las ganancias provenientes de los fallos concernientes a la educación.
Las cortes brasileras, a diferencia de sus contrapartes hindúes y sudafricanas, raramente consideran demandas con extensas implicaciones. En vez de ello, se encargan de casos con provisiones individuales. Pero escuchan que demasiados de sus fallos –40.000 demandas al año por suministro de medicamentos, por ejemplo– tienen implicaciones dramáticas. Los expertos han asumido por mucho tiempo que tales fallos de la corte raramente benefician a los pobres, porque los beneficios se encuentran restringidos a los demandantes, quienes probablemente sean adinerados. Pero los autores señalan que luego de una serie de fracasos en la corte, los cuerpos gubernamentales que entregan las medicinas subsidiadas cambiaron su comportamiento, facilitando mucho más la disponibilidad de las cosas. Tomando en cuenta los cálculos de los autores, un 36% de los beneficios provenientes de los casos médicos en Brasil van a un 40% de los más pobres –significando que son ligeramente regresivos.
Así que la evidencia empírica es mixta. Pero ésta no apoya el punto de vista de que la ley es un juego de élites, arreglada para servir a los intereses de los ricos y educados. Cuando los autores combinan sus estudios nacionales, ellos concluyen que el 55% de los beneficios que fluyen de las variadas decisiones legales acumulan un 40% para los más pobres. Tales cálculos son, inevitablemente, primitivos pero funcionales. Lo ideal sería comparar los costes y beneficios de ir a un tribunal con los de perseguir los mismos objetivos de las políticas en el parlamento –lo cual es difícil de medir. También es una pregunta abierta si el “derecho a la comida” –es decir, una obligación para que alguien más la proporcione– es la mejor manera de ayudar a los pobres. Un programa adecuado de transferencia de dinero, que hace condicionales los pagos a la beneficencia sobre las acciones de quienes las reciben, puede funcionar mejor. De manera más amplia, está lejos de ser claro que la sociedad en conjunto se beneficie cuando los jueces no elegidos manden un gasto social potencialmente más costoso. Dicho esto, el estudio todavía es una revelación: las cortes son más majestuosas que lo que han sugerido las décadas de sabiduría recibida.
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Este es el resumen del artículo "La ley y los pobres" publicado en Marzo 31, 2012 en la revista The Economist.
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