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Hasta ahora no muy bien | 
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| Nacionalizar YPF ha sido el paso más drástico de la campaña de la presidenta argentina Cristina Fernández para que las a industrias “estratégicas” vuelvan a estar controladas por el gobierno. Las privatizaciones en el país en 1990 son ahora vistas como la liquidación corrupta de lo mejor del Estado, y una encuesta reciente encontró que el 62% de los argentinos apoyaban la confiscación. Pero el record del gobierno en el manejo de firmas expropiadas no pinta bien para el futuro de YPF. Entre las primeras movidas de Néstor Kirchner (el fallecido esposo de Fernández) al tomar la presidencia en 2003 estuvo la renacionalización del servicio postal argentino. Más adelante tomó los ferrocarriles, la operadora de espectros de radio, un astillero y una compañía de agua. Fernández, antes de tomar a YPF el mes pasado, había expropiado los fondos de pensiones privadas de Argentina y su aerolínea insignia.
Bajo el control público, los resultados financieros de estas firmas van de lo mediocre a lo negativo. El pasado año el gobierno gastó cerca de $3 mil millones en sostenerlas y parece que la cifra se duplicará en 2012. AySA, la compañía de agua, y Aerolíneas Argentinas han estado particularmente necesitadas: le costaron al Estado US$ 972 millones y US$ 840 millones respectivamente el pasado año. Aunque perdían dinero también en manos privadas, según sus antiguos dueños era porque los reguladores los sometían a estrictos controles de precios. El gobierno ha tratado de restarle importancia a las pérdidas arguyendo que las nacionalizaciones buscan brindar servicios públicos, no hacer dinero. Pero las compañías no han servido a sus clientes mejor que lo que le han servido al Tesoro.
Buenos Aires y sus suburbios solo tienen tres plantas de tratamiento de agua residual para 10 millones de residentes y a menudo sufren de inundaciones que abarcan avenidas enteras. Solo el 47% de los hogares de la región tienen desagüe de aguas albañales. Mientras tanto, solo el 56% de los vuelos de Aerolíneas Argentinas salen a tiempo, y la compañía está entre las más bajas clasificaciones de la industria. La administración por el gobierno de Anses, el esquema de pensiones nacional, pareciera una excepción positiva: sus activos se han elevado de US$ 24 mil millones en 2008 a US$ 46 mil millones hoy, la mayoría de sus aumentos vienen de una bolsa de valores local y de los US$ 7.5 mil millones anuales que recibe de ingresos tributarios y de contribuciones obligatorias de los obreros. Estaría aún mejor si Fernández no hubiera incursionado en éste en 2009-11 por US$ 6.8 mil millones, que ha gastado en proyectos de infraestructura, subsidios a préstamos personales y programas educacionales. Más aún, a principios de este año el gobierno derogó una restricción que limita sus derechos al voto en compañías privadas al 5%.
Unos pocos signos sugieren que el gobierno pudiera administrar mejor YPF que sus otros negocios. Fernández ha nombrado a Miguel Galuccio, un respetado ingeniero en petróleo, como su nuevo presidente. Y Exxon Mobil, que había comenzado la exploración del campo de esquisto bituminoso de Vaca Muerta antes de que YPF cambiara de manos, dice que está todavía preparado para invertir en Argentina (aunque demandará mejores términos que lo que hubiera hecho hace un mes). En el vecino Brasil, la compañía controlada por el Estado, Petrobras, ha probado ser un rival importante para compañías de petróleo completamente privadas. Pero Galuccio tendrá que luchar contra el peso de la historia para igualar este éxito.
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Este es el resumen del artículo "Hasta ahora no muy bien" publicado en Mayo 12, 2012 en la revista The Economist.
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