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Un duro despertar | 
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| Bankia, el resultado de la fusión de seis bancos de ahorros y el mayor prestamista de España, se ha convertido en el principal dolor de cabeza del sector bancario del jefe del gobierno español, Mariano Rajoy. Hace un mes, el FMI exigía fortalecer los balances financieros, mejorar las prácticas gerenciales y de gestión de esta entidad junto a los de su compañía matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA); no obstante, su auditor se negó a firmar el estado de sus cuentas de 2011.
El banco entró en el mercado bursátil tan sólo en julio del año pasado y, desde entonces, sus acciones han perdido un 45% de su valor, lo que ha sido una verdadera vergüenza para los reguladores. Puesto que la mayor parte de los activos tóxicos de los sietes bancos originales residían en el BFA, la idea inicial era separar Bankia de su matriz contaminada, pero el desplome del valor de Bankia debilitó su estructura financiera aún más. La complejidad de la situación llevó a Rodrigo Rato, uno de los banqueros más prominentes de España, anterior ministro financiero y líder del FMI, a abandonar la entidad y dejarle el difícil puesto a José Ignacio Goirigolzarri, un respetado exdirector ejecutivo del BBVA.
Las autoridades, por su parte, ha empezado a palpar la realidad de la situación dada la presión de los dos bancos más sólidos españoles, el Banco Santander y el BBVA, los cuales parecen haberse visto afectados por el sistema financiero español y la mala gestión del gobierno a pesar de las fuertes inyecciones de capital y los grandes negocios en el extranjero.
Sin embargo, Bankia no es el único problema financiero del país, pues la amplia emisión de préstamos que han resultado impagos se extiende a través de todo el sistema bancario español, lo que ha conllevado a una caída en las acciones de los bancos españoles y a unas pérdidas descomunales. Ante este panorama, el gobierno español se plantea tomar varias medidas, entre ellas 1) usar dinero público para robustecer el sistema bancario, 2) exigir a las entidades bancarias que reserven unos US$ 35 mil millones en fondos como parte de un paquete de reformas, 3) incorporar compañías evaluadoras de activos para gestionar los préstamos tóxicos, 4) incluir a empresas terceras independientes en las tareas de estimación de los activos antes de ser transferidos. Todas estas acciones, sin duda, harán que los bancos más débiles necesiten más capital aún.
Para hacer frente a este escenario, los fondos para restaurar el sistema bancario español podrían provenir del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), cuyas contribuciones son hechas por otros bancos, o de los titulares de bonos; no obstante, el dinero de estas aportaciones escasea, lo que hace estas opciones poco factibles y deja al Estado como único proveedor de los recursos para salvar a la banca española. De hecho, se estima que los prestamistas necesiten otros US$ 46 mil millones de capital público aparte de los US$ 16 mil millones ya inyectados.
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Este es el resumen del artículo "Un duro despertar" publicado en Mayo 12, 2012 en la revista The Economist.
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