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Justicia retrasada |
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| El juicio iniciado en Brasil a 38 personas involucradas en el mayor escándalo de corrupción de los últimos años, es una rareza en un país donde una sórdida reputación ha sido históricamente muy poco impedimento para una larga carrera en política. La acusación central en el caso “mensalão” es que, después de llegar al poder en 2003, el Partido de los Trabajadores (PT) dedicó dinero de los presupuestos de publicidad y esquemas de pensiones de firmas controladas por el Estado para pagarle a legisladores de partidos aliados por su apoyo. Estos alegatos surgieron por primera vez en 2005, y la Corte Suprema tomó el caso en 2007. Solo hasta hoy están listos los jueces para el procesamiento. Los acusados enfrentan un espectro de cargos que incluyen corrupción, conspiración, malversación, lavado de dinero y mal uso de fondos públicos.
Algunos admiten haber ayudado a financiar a partidos políticos por fuera de los controles, lo que es ilegal pero muy común en Brasil. Otros niegan cualquier relación con estos pagos ilícitos. Oír simplemente los cargos, las evidencias y las declaraciones, tomará meses. Los procedimientos podrían alargarse más aún: algunos abogados argumentan que procesar a sus defendidos en la Corte Suprema les niega el derecho a apelar de ser declarados culpables. (Solo unos cuantos acusados tenían altos cargos, pero la Corte Suprema los procesará a todos juntos, pues los cargos están interconectados). Esta maniobra legal pudiera hacer que muchos de los crímenes pasaran por los amigables estatutos de limitaciones criminales. Los pocos acusados que aun están activos en el PT quisieran dilatar el veredicto hasta después de las elecciones municipales de este año, para que ninguna condena dañe al partido.
Las consecuencias políticas del proceso mensalão serán modestas. El escándalo hizo trizas el reclamo del PT de representar una nueva y más limpia política, y los brasileros dicen desaprobar la corrupción, pero ellos asumen que la mayoría de los políticos están sucios e ignoran eso cuando votan. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente cuando ocurrieron los pagos, fue reelegido un año después de que se conociera la noticia. Él se hizo popular por mejorar la vida de los pobres, no por hacer una cruzada contra la corrupción, y ni sus amigos ni sus enemigos cambiarán sus puntos de vista basados en los veredictos del mensalão. Su sucesora, Dilma Rousseff, es menos probable que sufra daño político. Ninguno de los acusados del caso es cercano a ella, y al despedir a unos cuantos ministros acusados de corrupción a inicios de su mandato, previno cualquier asociación con el caso.
El efecto principal del proceso será mellar la cultura de impunidad en un país donde los políticos usan su inmunidad para bloquear investigaciones que involucran a sus aliados y muchos que actúan mal permanecen libres mientras sus abogados presentan apelación tras apelación. La abolición de esas tácticas requiere reformas ambiciosas, poco probables en un futuro cercano, y los esfuerzos por limpiar al gobierno deberán trabajar dentro del marco legal existente. Ya es un progreso que el mensalão haya llegado a juicio: la cárcel para los políticos corruptos puede ser improbable, pero no es ya impensable. Mientras, una mayor transparencia acerca de los gastos públicos está haciendo que el robo del tesoro sea más difícil. Se pueden cancelar proyectos gubernamentales si se sospecha que los presupuestos han sido falseados. Una nueva ley de libertad de información debe hacer más difícil el que los políticos llenen sus nóminas con amistades. En resumen, para ser corrupto en Brasil ahora habrá que ser más creativo que hace diez o 15 años.
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Este es el resumen del artículo "Justicia retrasada" publicado en Julio 28, 2012 en la revista The Economist.
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