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Viento en contra | 
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| Los buenos tiempos han pasado para Brasil. En 2011 el crecimiento económico fue solo de 27%; este año un 2% luce optimista. Los ingresos tributarios están aumentando solo un poco más rápido que la inflación y el gobierno ya no puede satisfacer a todo el mundo. Las demandas más ruidosas vienen de los trabajadores públicos. Los profesores de las universidades federales llevan tres meses en huelga; recién se les ha unido la policía federal, los funcionarios del fisco y de algunas agencias regulatorias. Sus demandas inflarían la cuenta de los salarios del gobierno federal hasta un 50%; la inflación está alcanzando 5.2%. La presidenta Dilma Rousseff ha dejado clara su irritación. La mayoría de los empleados federales han tenido grandes aumentos en sus salarios desde 2003, cuando el PT llegó al poder. Como promedio, sus salarios son el doble de las tasas del sector privado para empleos equivalentes.
Rousseff ha dicho que cualquier aumento de salario estaría limitado al salario mínimo pagado, o atado a la productividad, y que el dinero público estaría mejor dirigido a ayudar a las compañías privadas a evitar los despidos. Los huelguistas han estado amenazados con un pago cercenado y los gobiernos de los estados autorizados a usar su propio personal como cobertura. Todo esto marca un gran cambio: las huelgas son lideradas por la Central Única de Trabajadores, con fuertes vínculos con el PT. Aun si la presidenta gana esta batalla de voluntades, ésta ya ha perturbado sus planes. Durante meses ha estado prometiendo nuevas medidas para impulsar el crecimiento mediante el corte del “costo Brasil”, pero los anuncios fueron pospuestos mientras el gobierno revisa sus cuentas para encontrar algunas migas para los huelguistas.
Se anunciaron para el próximo año planes sobre subastas para traer a las firmas privadas a la construcción y manejo de la infraestructura. El gobierno estima que las inversiones totalizarán unos 133 mil millones de reales ($66 mil millones), casi la mitad del gasto en los próximos cinco años. La asociación con el sector privado fue el enfoque más “ahorrativo” para lograr una mejor infraestructura que reduzca los costos para los negocios y los contribuyentes, y asegure más y mejor pagados empleos. Sin involucrar al sector privado, la deficitaria infraestructura de Brasil jamás sería mejorada. Pero traer a las firmas privadas no va a dar un giro completo a las cosas inmediatamente. Una planificación engorrosa e ilógica y las leyes ambientales a veces detienen los proyectos de infraestructura por meses, o para siempre.
La otra mitad del ataque al costo Brasil que el gobierno prometió (recortes en los impuestos, modestos pero de amplia base) no ha sido confirmada aun. Se sospecha que un corte en los impuestos sobre las nóminas, otorgado el pasado año a sectores ampliamente expuestos a la competencia foránea, podría ser extendido a todos los empleados. Tres o cuatro de los 28 impuestos sobre la electricidad pudieran ser abolidos, reduciendo algunas de las más altas cuentas a nivel mundial en un 10-20%. Ambos movimientos beneficiarían a los consumidores y recortarían los costos de los negocios en toda la economía. También significarían un cambio de dirección: los anteriores recortes de los impuestos fueron estrechos y temporales. Pero las presiones presupuestarias pudieran implicar que estos sean suavizados o aplazados. Los negocios de Brasil deben tener fe en que Rousseff mantenga su coraje.
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Este es el resumen del artículo "Viento en contra" publicado en Agosto 18, 2012 en la revista The Economist.
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