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No da más | 
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| La amarga realidad de la privatización propulsada por el ex-presidente Menem se refleja en muchas áreas de la vida argentina. Durante su mandato, muchas compañías saltaron sobre contratos de miles de millones que prometían grandes ganancias y poca supervisión. Ahora las multinacionales que compraron las carreteras, acueductos y plantas eléctricas demandan al gobierno para exigirle que aumente las tarifas para cubrir las pérdidas ocasionadas por el colapso económico de fines de 2001, entre ellas Telefónica, de España, y BG Group, del Reino Unido.
Se acusa al gobierno de burlar sus obligaciones contractuales al convertir las tarifas de dólares a pesos y luego congelarlas. Pero el presidente Néstor Kirchner ha dicho que no puede complacerlas en un país con un índice de pobreza del 57%.
Hace sólo unos años, la situación era distinta con el lema “cirugía sin anestesia” escogido por Menem. De la noche a la mañana y sin mucha deliberación, el petróleo, el agua y el correo quedaron en manos privadas. En ese momento, Argentina era modelo de los mercados emergentes y su crecimiento anual superaba el 8%. La gente común se sentía feliz de haberse librado de los apagones y de las esperas de siete años por una línea de teléfono. Pero la economía se conmovió bajo el peso de la deuda pública de US$ 150.000 millones, que llevó a una vertiginosa sucesión de presidentes hasta culminar con la elección de Kirchner en mayo. Desde la devaluación, hace 19 meses, las tarifas del teléfono, el agua y la electricidad apenas han aumentado, aunque el peso ha caído un 66% frente al dólar. Carente de efectivo, el sector de servicios públicos ha dejado de pagar sus bonos y préstamos con bancos extranjeros, causando un incumplimiento de pagos de US$ 30.000 millones, el mayor jamás visto.
El gobierno podría posponer hasta 2004 la solución final del tema de las tarifas por lo que las empresas sólo gastarán el mínimo necesario para mantener sus inversiones. Pero por otro lado las instituciones competentes, dormidas durante muchos años, realizan inspecciones sorpresivas en trenes y acueductos. Y en general, el gobierno se ha dado a la tarea de analizar las desigualdades sociales generadas por el proceso de privatización y reformar el sistema normativo del país. Al respecto una comisión especial ha prometido renegociar 61 contratos por valor de miles de millones de dólares, entre ellos obras de gran magnitud, como carreteras e hidroeléctricas. Los argentinos respaldan el empeño de poner fin a la corrupción pero un poderoso grupo de inversionistas internacionales que sacó grandes ganancias no quiere perder la alfombra roja.
Los críticos de Kirchner admiten que muchas privatizaciones estaban erradas desde el principio, plagadas de privilegios para atraer capital foráneo. Kirchner tiene mucho entre manos. La economía está en harapos y el FMI espera los pagos sobre una deuda de US$ 6.000 millones que se vencen antes de fin de año. No se sabe hasta dónde está dispuesto a llevar la cruzada contra las empresas de servicios públicos y se ha dicho que algunas compañías que no han pagado al gobierno podrían sufrir la confiscación de sus activos como es el caso de Aeropuertos Argentina 2000 y Correo Argentino. También aumenta la presión para que se revoquen los contratos de varios operadores ferroviarios, que en algunos casos han permitido que el servicio se deteriore, a pesar de que reciben subsidios anuales de US$ 390 millones.
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Este es el resumen del artículo "No da más" publicado en Octubre 2003 en la revista LatinTrade.
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